27 / 09 / 2019
En la oportunidad, además, se conocieron los resultados de un estudio que analizó el funcionamiento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Dos paneles multidisciplinarios analizaron esta semana los cambios y desafíos que trajo la firma, hace diez años, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, en una actividad organizada en conjunto por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, el Centro de Derechos Humanos, el Programa de Derecho y Política Ambiental UDP y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas.
En la actividad, la abogada y académica UDP Antonia Rivas manifestó que el Convenio 169 “es un instrumento fundamental de negociación que antes no existía entre los Pueblos Indígenas, los Estados y organismos internacionales”. Pero, agregó, el foco se ha puesto en la consulta previa, que es sólo uno de los derechos consagrados en el documento, lo que en Chile se ha traducido en lo que ella llamó “consultivitis”: la tendencia a someter todo a ese trámite.
Por su parte, el abogado y docente de la Universidad de Chile Patricio Leyton manifestó que la firma del Convenio trajo consigo un nuevo paradigma, pero añadió que aún se necesita en el país un acuerdo sobre los objetivos nacionales en materia de Pueblos Indígenas y Medioambiente. “Si no sabemos dónde queremos llegar, no importa el camino”, manifestó.
En el seminario, también se dieron a conocer los resultados de una investigación liderada por el profesor Claudio Fuentes, que se analizó datos sobre más de 24 mil proyectos tramitados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) entre 1992 y 2017. El estudio halló, entre otras cosas, que más de 95% de los proyectos se procesa a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), un trámite que demora, en promedio, 7 meses. En contraparte, menos del 5% de las iniciativas son analizadas a través de un Estudio de Impacto Ambiental, de mayor complejidad, y que, en promedio, demora 13 meses.
“Tratamos de armar una imagen completa”, señaló Fuentes. “Vemos una tendencia a la baja en el porcentaje de aprobación; hay un alza en la tasa de proyectos no admitidos, y hay que analizar por qué se da eso”. En referencia al reclamo de las empresas de las largas esperas para la aprobación de los proyectos, señaló que “aprobarlo todo en tres meses es imposible con la realidad sociopolítica de hoy”. Los resultados del estudio están disponibles aquí.
Por su parte, la jefa de la Unidad de Evaluación del SEIA, Carolina Nahuelhual, manifestó en su exposición que “un desafío para el Estado de Chile es la incorporación de otros mecanismos de participación que están contemplados en el Convenio 169, y que podrían ser complementarios a lo que hacemos nosotros”. En esa línea, se mostró a favor de implementar herramientas de participación anticipada de la ciudadanía, y añadió que “falta harta articulación entre organismos del Estado y comunicación constante con las comunidades”.
En el seminario, participaron también el abogado Sergio Millamán, quien representa a diferentes comunidades indígenas en procesos de consulta y en tribunales, y el investigador de ICSO Cristóbal Carmona, quien expuso sobre la consulta indígena y los procesos administrativos. Los paneles fueron moderados por las académicas de Derecho UDP Judith Schönsteiner y Dominique Hervé.
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