25 / 06 / 2020
La decisión de enviar militares a la Araucanía es un acto de la máxima gravedad: por primera vez desde el retorno de la democracia se justifica su participación en el control del delito, explica el autor. Las consecuencias de dar este paso pueden ser terribles. Esta columna muestra como la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche está marcada por brutalidad disfrazada de civilización. Desde el ministro José Manuel Pinto, que proponía secuestrar a los hijos de los caciques para que estos temieran rebelarse, hasta Vicuña Mackenna que veía en el indio la condensación de todas las abominaciones, las élites políticas y económicas han carecido de “una mirada de largo aliento que acepte y reconozca sustantivamente a los pueblos originarios que habitan el territorio”, escribe el autor. Una encuesta del CIIR muestra que las personas (indígenas y no indígenas) están más de acuerdo con el diálogo que con la militarización.
Las élites políticas y económicas de Chile no han variado mucho su estrategia respecto de los pueblos originarios. Ocupación, integración y represión han sido las directrices que delimitan su acción política. Aunque se ha modificado parcialmente el discurso racista dominante en el siglo XIX, prevalecen la misma visión respecto de la “cuestión” indígena. La decisión de esta semana del gobierno de trasladar a las fuerzas armadas la zona es quizás la más cruda manifestación del estrepitoso fracaso de los tímidos intentos por establecer un diálogo de nuevo tipo con los pueblos originarios y, en particular, con el pueblo mapuche.
LA OCUPACIÓN “CIVILIZATORIA”
El modo en que procedió la conquista militar al sur del Bío-Bío es central para definir de lo que estamos hablando. El 11 de octubre de 1861, Cornelio Saavedra proponía al gobierno un plan de ocupación que a su juicio “debe servir para la reducción del territorio araucano y su incorporación al resto de la República”. Saavedra tenía una visión muy crítica respecto de las acciones que desde la Independencia se habían realizado para cumplir con esa incorporación. Rechazaba, por cierto, el reconocimiento que los españoles y luego los criollos hicieron del río Bío-Bío como una línea divisoria entre los dos territorios. Se mostraba escéptico del trabajo realizado por las misiones religiosas para intentar “civilizar” a los indígenas y evaluaba negativamente la incorporación por la vía del comercio. Ni las misiones, ni la fuerza, y ni el comercio habían podido lograr el objetivo de la incorporación.
La propuesta de Saavedra en esa época buscaba generar “un sistema de civilización y reducción de los indígenas” para lo cual se necesitaba (1) avanzar la línea de frontera hasta el río Malleco, (2) subdividir y enajenar los terrenos comprendidos entre los ríos Malleco y Bío-Bío, y (3) colonizar los terrenos más aptos para desarrollar la agricultura.
Lo anterior, sostenía Saavedra, requería mantener financiado un Ejército de ocupación ya sea a través de la entrega de un suelo y, subsidiariamente, entregarles terrenos aptos para su cultivo. Además, se necesitaba establecer un sistema de intercambio comercial con los indígenas por cuanto se considera como un “agente poderoso” para la civilización de los pueblos que habitaban en esa región. Se estimularía el comercio de licores, manufacturas y plata, además de cereales, animales y lanas.
El plan consideraba la generación de un parlamento con los caciques principales de modo de “hacerles comprender que se respetarán las legítimas posesiones de los indígenas y que la nueva línea [del río Malleco] no será más que una garantía de paz y de beneficios recíprocos, e interesándolos en que eviten toda hostilidad de parte de sus compañeros, no dudo que pueden entrar muchos de ellos en acuerdos y ser buenos auxiliares”. Saavedra propuso, además, que el gobierno entregase sueldos a algunos de estos caciques para asegurar su lealtad: “a este propósito contribuirá la asignación que creo conveniente dar a algunos caciques importantes y a un reducido número de sus mocetones… estos sueldos son siempre bien reducidos y no impondrán al erario gravámenes dignos de atención” (Saavedra, 1870).
Conquista territorial, seducción por la vía de misiones y comercio, y cooptación de los líderes indígenas. Ese era el plan de Saavedra.
El entonces coronel Saavedra sostenía que en dicho territorio no podía aplicarse la Constitución dado que “no es concebible la observancia del régimen constitucional entre individuos que no reconocen el imperio de la ley y que deben considerarse en situación de que el Estado ejerza una saludable tutela sobre ellos para prepararlos a la vida civilizada”. Así, se requería un régimen especial de frontera, con normas que regulasen el comercio, la venta de terrenos y la seguridad.