Claudio Fuentes - Ciper
21 / 12 / 2020
El acuerdo por los escaños reservados tiene un sentido histórico. Por primera vez un órgano de representación popular incluirá a representantes de las naciones originarias, quienes podrán definir la nueva Constitución. Pero el acuerdo es también resultado de la vieja política. El número lo fijó la derecha, y lo estableció con un ojo en el 18/O y una mano en la calculadora electoral: al descontar los escaños reservados, se limitan los asientos a disputar, y eso mejora sus posibilidades de obtener cupos en la constituyente, explica el autor.
Asistimos a un momento bastante único en la política nacional, un momento propiamente constituyente donde las instituciones del viejo orden comienzan a diluirse y las nuevas aún no se han perfilado. Parecemos asistir a un espectáculo de dos dimensiones donde en la primera transcurre en lo que podríamos denominar la “política normal” por todos conocida y en la que los actores políticos actúan tal cual lo han venido haciendo por décadas. La segunda dimensión es la que podríamos denominar “política en modo constituyente” que es más fluida y líquida, que combina presiones sociales e interacciones entre lo social y lo político con resultados más inesperados.
El debate sobre escaños reservados ilustra con particular notoriedad, e incluso a veces con crudeza, estas dos dimensiones. Una dimensión de la política tradicional que se define por el número de votos que se tiene para aprobar una determinada materia, y una política constituyente que revisa y mueve los límites de lo que hasta hoy conocíamos.
LOS LIMITES LOS COLOCA LA DERECHA
Si algo aprendimos de la “política normal” chilena desde el retorno de la democracia es que el límite de lo posible, el marco de posibilidades, lo establecía la derecha. ¿Cómo se lograba aquello? Se lograba por una razón muy simple: para realizar cualquier cambio constitucional se requería o del 60% (3/5) de los votos para algunos capítulos constitucional o el 66% (2/3) para otros capítulos. Y hasta el día de hoy la derecha ha logrado tener por sobre el 40% en alguna de las cámaras.
Ciertamente esta estructura de poder ha estado reforzada por una serie de elementos institucionales y políticos como la existencia de un Tribunal Constitucional usualmente favorable a sus intereses; un esquema de financiamiento electoral también conveniente para ellos; y una oposición de centro-izquierda que no quiso o no supo articular las grandes mayorías ciudadanas a su favor.
Pero, independientemente de los factores que podrían explicar el éxito electoral de la derecha, el asunto es que durante 30 años quien tiene la llave para los cambios más sustantivos ha sido la derecha—al inicio de la transición apoyada por los senadores designados y posteriormente basada en su capacidad de elegir congresistas y mantener una férrea disciplina a la hora de votar.
Los cambios constitucionales se explican por la existencia en la derecha de algunas fisuras (lo que la literatura especializada ha indicado como “partidos pivotes”), o bien por la convicción en la UDI y RN que una reforma constitucional podría favorecer sus intereses. Eso es lo que sucedió por ejemplo en 2005 con la supresión de los senadores designados y vitalicios, la reducción del mandato presidencial o el fortalecimiento de la capacidad de control del Congreso respecto del Ejecutivo.
No debiese sorprendernos este comportamiento. Parece natural que los actores políticos respondan a sus intereses y que cualquier sector que sea minoría, ejerza el poder de “veto” que tiene a su favor. Lo anormal sería que un actor político no usara los recursos que tiene a su disposición y en el caso de Chile una y otra vez se han utilizado aquellos recursos o para avanzar transformaciones o para detenerlas.
La negociación sobre los escaños reservados para pueblos originarios y afro-descendientes constituye otra manifestación de esta lógica de poder. La coalición de derecha tenía todos los recursos a su favor para imponer los términos del proyecto final: tenía los votos y la suficiente disciplina coalicional para presionar por un acuerdo que le acomodaba. Y así fue.
Recordemos que la Cámara de Diputados había aprobado un proyecto donde se estipulaba que se aceptaba la idea de escaños reservados, pero sin definir ningún aspecto específico de cómo se implementaría. A mediados de Julio la Comisión de Constitución del Senado reactivó el debate y solicitó a las diferentes fuerzas políticas que realizaran sus propuestas.
Los senadores Rodrigo Galilea (RN), Felipe Kast (Evopoli) y la senadora Ena Von Baer (UDI) propusieron la indicación Nº 4 que establecía tres cuestiones centrales: (1) se sugería establecer un registro electoral indígena, (2) que a partir de ese registro se establecería el número de escaños a designar, y (3) que los asientos a crear se descontarían de los 155 existentes. La indicación Nº 5 de los senadores Francisco Chahuán (RN), José Miguel Durán (UDI), Kenneth Pugh (independiente) y de la senadora Luz Ebensperger (UDI) establecía los mismos principios enunciados aunque incorporaba a los afro-descendientes y fijaba un límite de 8 escaños como máximo.
En el trabajo de esa Comisión de Constitución, la derecha fijó sus intransables: si se iban a aprobar escaños reservados se haría descontando y no agregando escaños a los 155 de la Convención, que el número de escaños se calcularía de acuerdo a quienes se registraran en un padrón especial, y se requeriría establecer un mecanismo para acreditar la calidad indígena para asistir a votar. La oposición, en cambio, planteaba que el número de asientos debería ser adicional a los 155 y proporcional a la población nacional (23 a 25 asientos adicionales), y que la votación debería ser por auto-identificación al momento de votar.
Hubo intentos de acercar posiciones en dicha Comisión a partir de un diálogo informal entre la oposición y las fuerzas políticas de Chile Vamos. Lo anterior llevó a la derecha a proponer una nueva indicación donde se aumentaba de 8 a 15 los escaños reservados, todo dentro de los 155. Aquello no logró convencer a las fuerzas de centro-izquierda, forzándose la creación de una Comisión Mixta que buscaría un acuerdo final.
Pero, ¿por qué la derecha no estaba dispuesta a permitir escaños más allá de los 155 que establecía la Convención Constitucional? Formalmente, se argumentaba que el acuerdo político del 15 de noviembre hablaba de ese número y debía respetarse el acuerdo. Sin embargo, existía una razón tal vez más pedestre que se asociaba al cálculo electoral para reducir escaños de estos 155. Si se descontaban escaños, lo que se estaba produciendo es limitar la cantidad de asientos a disputar en cada distrito. Si un distrito repartía 8, 7, 6, 5 o 4 asientos, ahora tendría 7, 6, 5, 4 o 3 asientos respectivamente. Y mientras menos asientos tuviese cada distrito, mejores eran las posibilidades para la derecha. La razón es obvia por cuanto un mayor número de asientos en un distrito aumenta las posibilidades para que candidaturas con un menor número de votos entren a la Convención. El cálculo electoral basado en las elecciones de 2017 mostraba que los segmentos políticos más perjudicados con esta rebaja de escaños era la centro-izquierda.