Ayudaría entender la educación como un bien de consumo

Patricio Navia, El Líbero

Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.

A horas de que el gobierno haga público su proyecto de ley para regular la gratuidad de la educación, el nerviosismo se apodera de las distintas partes interesadas. Porque el gobierno buscó dejarlos contentos a todos, es fácil anticipar que el proyecto dejará descontento a la mayoría de los involucrados.  Pero  es improbable que el proyecto que el gobierno anuncie se convierta en ley y es todavía más improbable que la ley que resulte de la negociación en el Congreso vaya a ser implementada sin cambios posteriores. De ahí que el debate que ahora se comenzará a dar—en medio de marchas, slogans y dogmas—es más bien solo una oportunidad para que se transparenten las distintas visiones que existen respecto a cómo debe funcionar el sistema de educación superior.

Una forma de entender la problemática de la educación superior es pensar en el sector como un mercado en que se ofrece un bien de consumo, la educación.  Es verdad que la sola mención del concepto bien de consumo tiende a polarizar el debate.  Pero como el debate ya está polarizado hasta los extremos, sugiero seguir la lógica del qué le hace el agua al pescado y tratar de entender la problemática a la que se enfrenta el gobierno como un problema de asimetrías de información en un mercado imperfecto, plagado de carteles, problemas de agente principal y costos de transacción.

Todos quieren que el bien se distribuya a los que lo desean obtener.  Pero los estudiantes y sus familias quieren que los precios sean lo más bajo posibles y la calidad lo más alto posible.  Porque la experiencia les ha enseñado que la propiedad de la universidad tiene directa relación el precio, y porque creen que las instituciones sin fines de lucro pueden ofrecer mejor calidad al mismo precio, muchos estudiantes quisieran que toda la oferta estuviera en manos del Estado.

Observadores independientes temen que si toda la oferta está en manos del Estado—o demasiado regulada por el Estado—se formarán oligopolios de oferentes que eventualmente podrán capturar a los entes reguladores.  Esos carteles, reproducirán el poder excesivo e injustificado que hoy tiene el CRUCH y, al evitar el ingreso de nuevos competidores, terminarán dañando la calidad de la educación.

Los oferentes actuales quieren defender sus propios intereses. Las instituciones que lucran quieren poner el foco en la calidad del producto o, en el caso de las instituciones que ofrecen mala calidad, en la libertad para escoger que tienen las personas a quienes más les cuesta identificar una educación de mala calidad

El gobierno debe optar por regular un mercado con múltiples oferentes o hacer que el único oferente de educación superior gratuita sean instituciones del fisco.  Pero ahí el gobierno enfrenta el problema que hay universidades de interés públicos—como la Federico Santa María, UdeC, UAustral o PUC—que son privadas. Luego, si se amplía la gratuidad a esas universidades, otras privadas más nuevas que también son de interés público, como la UDP, Alberto Hurtado o Silva Henríquez, exigirán entrar.

El gobierno también podría querer optar por subsidiar la demanda—dar becas para que los alumnos elijan la universidad donde educarse—y regular de forma indirecta la oferta—a través aranceles escalonados a las que las universidades accederán si cumplen ciertos requisitos de investigación o vinculación con el medio.

Distintas personas razonables tienen posiciones diferentes sobre qué es más conveniente.  Pero lamentablemente resulta imposible iniciar un diálogo y negociación mientras el gobierno y muchos de los involucrados insisten en querer entender el problema sin usar el concepto de mercado y bien de consumo.   Porque la discusión se da en términos dogmáticos y en frases panfletarias, resulta difícil entender las distintas posiciones de los actores involucrados.

Tal vez sería razonable honrar el pragmatismo del ex Presidente Piñera y, aunque duela la guata hablar en esos términos, comenzar a abordar el problema del acceso a la educación superior de calidad a costo cero para los estudiantes y al menor costo posible para el Estado—y los contribuyentes—de la misma forma como se discute el acceso a bienes de consumo como el alcohol, la leche o el pan. Es verdad que la educación es mucho más que un bien de consumo, pero entenderla como tal solo ayudará a clarificar posiciones y permitirá avanzar hacia el objetivo ampliamente compartido de que Chile debiera tener una educación de calidad mundial al costo más bajo posible—idealmente gratuita—para todos los estudiantes y al menor costo para el erario fiscal.  

Concordemos en que la educación no es un bien de consumo, pero para encontrar una forma de garantizar el acceso universal gratuito a todos, intentemos entender el problema como si lo fuera para así buscar una solución que combine la fortaleza de los mercados y la necesaria capacidad regulatoria (e incluso proveedora) del Estado.

Ver columna aquí