Claudio Fuentes - Ciper
19 / 01 / 2021
El artículo analiza cómo la convención se relacionará con la sociedad. Un peligro es que los constituyentes se enclaustren y legislen siguiendo su conciencia; o que las masas descontentas ejerzan presión sobre ellos a través de disturbios. La columna también analiza otras fuerzas capaces de rodear a la asamblea con menos gritos, pero con más efectividad. ¿Cómo lograr un equilibrio entre todos eso intereses que existen en la sociedad? El autor sugiere que debemos aceptar que no vamos a avanzar sin llegar a acuerdos. Dado que “ni las fuerzas anti-neoliberales ni las pro-neoliberales alcanzarán la supremacía, “el proceso de escribir la constitución involucrará extensas jornadas de negociación entre minorías, donde seguramente ninguna alcanzará el máximo de sus aspiraciones”, explica.
En diciembre recién pasado, el Partido Comunista realizó su 26º Congreso Nacional, con el objetivo de definir los lineamientos en torno a la actual coyuntura. Al presentar los resultados, su presidente, Guillermo Tellier, planteó que las fuerzas anti-neoliberales buscarían atrincherarse y obtener un tercio de la Convención para defender sus intereses. Frente a ello, sostuvo que surgía “la necesidad de rodear con la movilización de masas, el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo” (ver nota en Ex Ante).
Esta declaración abre una discusión no menor, ¿de qué modo se regularán las interacciones entre la Convención y la sociedad?
En su versión negativa, podría darse el caso que la Convención estuviese virtualmente rodeada de amenazas, de violencia, de masas enfurecidas que desean presionar para alcanzar sus objetivos. Podría también darse el caso que, ante decisiones cruciales, grupos de la sociedad se enfrenten en las calles y recurran a la violencia para hacer valer sus predicamentos.
Esta movilización de masas podría irrumpir espontáneamente o podría ser fruto de estrategias de grupos de la sociedad (de izquierda, centro, derecha o apolíticos) que entienden la política como el arte de hacer valer sus argumentaciones por el uso de la fuerza. ¿No decía Clausewitz que la guerra es la continuación de la política por otros medios?
En su versión positiva, también podría ocurrir que una sociedad civil activa se manifieste pacíficamente para defender ciertas causas. Estas expresiones sociales representarían un signo promisorio de un sistema democrático. El derecho a expresarse o manifestarse es un derecho humano y constitucional que es vital en ambientes democráticos. La cuestión entonces no es el hecho de convocar a movilizarse, sino más bien los instrumentos que se utilizan para expresar ciertas opiniones. Así, una marcha pacífica multitudinaria convocada en las afueras de la Convención no debiese ser fuente de preocupación. Lo que debiese preocupar es cuando estas acciones colectivas consideran el amedrentamiento, la amenaza o la violencia.
Así, que millones de personas se hayan manifestado en los meses que siguieron al 18 de octubre refleja una adecuada e incluso conveniente salud del sistema democrático. Lo condenable y preocupante es cuando la intimidación y la violencia se apoderan de las relaciones sociales e institucionales y es precisamente aquello lo que debe evitarse a toda costa.
EL RODEO SOCIAL
Volvamos a las declaraciones de Tellier. Pocos días después se defendió de las críticas que surgieron por sus dichos, indicando que su frase aludía a una metáfora: “no sirve que la Convención se desarrolle encerrada en cuatro paredes, debe considera la voz de la gente”—argumentó (ver nota en El Siglo). Agregó que la idea de rodear la Convención no tenía que ver con alterar o amenazar el trabajo de la Convención, sino que se asociaba con la necesidad de escuchar la voz de la ciudadanía, del pueblo que se ha movilizado. “No queremos volver o estar en la política de los consensos, que el pueblo rechaza o no entiende, ni de acuerdos en las alturas, engañando al pueblo”, concluyó.
Por tratarse la Convención de un cuerpo deliberativo electo por el pueblo, algunos actores insistirán en señalar que les corresponderá a tales representantes definir el destino de la República frente a su conciencia. Dirán que la ciudadanía le estregó un mandato constituyente que deben aplicar apelando a sus ideales y conciencia.
Para otros, la soberanía seguirá residiendo en el pueblo, por lo que los y las constituyentes deberán reflejar los “verdaderos” intereses del pueblo. De ahí que Tellier insista en el rol vigilante de las movilizaciones. Para evitar “cocinas”, “tecnicismos” o acuerdos entre cúpulas. Se trata del clásico dilema entre la delegación del poder a través del voto vs. la participación directa del pueblo movilizado.
Pero el argumento de Tellier contiene dos debilidades que parecen obvias a la luz de más de doscientos años de vida republicana. La primera es pensar que es factible escribir una Constitución sin recurrir a un acuerdo. Si hay algo que demuestra la historia de Chile más y menos reciente es el carácter multipartidista —y por ende segmentado— de la representación política y social. Imaginar que unos pocos meses de movilizaciones sociales pueden alterar profundamente más de dos siglos de una política multipartidista es, por decir lo menos, ingenuo.