Plan Impulso Araucanía: lo que el dinero no puede comprar

Claudio Fuentes, El Mostrador

El plan del Gobierno se estructura en una lógica donde se piensa que una masiva inyección de dinero podrá comprar la paz. Me temo que aquella opción fracasará, toda vez que toca muy tangencialmente el conflicto histórico entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas. Es verdad, La Araucanía es una región postergada. Pero el conflicto tiene que ver con otras cuestiones: el reconocimiento del despojo y usurpación cultural y territorial que dichos pueblos han sufrido, las medidas de reparación asociadas a dicho despojo, la aceptación de la autodeterminación como un nuevo modo de relacionarse en la diversidad, y el reconocer que existen cosmovisiones alternativas de desarrollo. El Gobierno sigue anclado en una perspectiva economicista, productivista del vínculo con los pueblos indígenas, cuando hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar.

El plan Impulso Araucanía considera una serie de medidas institucionales y de fomento productivo que buscan cumplir con dos objetivos: estimular el desarrollo y establecer la paz en la región. La acción del Gobierno parte de la premisa de que, si se logran resolver el problema del subdesarrollo económico, se resolverán las tensiones en la región. Me temo que el planteamiento es equivocado y, más que resolver la histórica demanda de los pueblos indígenas, la profundizará.

Partamos por una aclaración. Este plan no busca atender la demanda de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional. El plan se acota a una región específica que aglutina al 34% de la población indígena del país. Incluso, no podría hablarse de un programa orientado al pueblo mapuche, toda vez que quedan excluidos de varias de las propuestas aquellos que habitan en territorios aledaños a La Araucanía. San Juan de la Costa es una comuna con un 77,9% de población indígena. Allí el porcentaje de pobreza alcanza al 63,2%, pero como está en la Región de los Lagos, quedará fuera de la política de incentivos que se promueven para La Araucanía. Podemos citar varias comunas del país con alta población indígena, alta pobreza y que quedan fuera de la promesa gubernamental.

El otro cambio es el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas que, en la versión del discurso, será genérico y culturalista, al señalar que “buscamos proteger esos valiosos aportes que nuestros pueblos originarios han hecho a través de la historia. Y también obliga al Estado a preservar y promover esa diversidad cultural”. Hoy no basta con que la Constitución
reconozca genéricamente la diversidad cultural. El constitucionalismo comparado incorpora en los textos una serie de derechos específicos, como la autodeterminación, la organización social propia, lenguas, tierras y territorios, protección de recursos naturales, jurisprudencia especial, salud tradicional, entre otros. La propuesta anunciada por el Gobierno constituye un serio retroceso respecto del proceso constituyente indígena desarrollado en los últimos dos años y respecto de los propios acuerdos internacionales firmados por Chile, donde muchos de aquellos derechos se consagran específicamente.

La otra propuesta institucional es el establecimiento de una cuota que se les exigirá a los partidos políticos para la competencia por cargos de representación popular.

Además, se establecerán apoyos especiales para candidaturas indígenas en términos del financiamiento estatal de campañas políticas. La transferencia de la responsabilidad a los partidos implica el riesgo de llenar cupos en territorios electorales no prioritarios para dichas tiendas, lo que sin duda afectará la posibilidad de ser electo. El Gobierno desechó la opción de escaños reservados, lo que hubiese garantizado una representación mucho más directa de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional.

A las tibias propuestas institucionales se suma una serie de incentivos productivos que buscarán promover el desarrollo en la región por US$8 mil millones de parte del Estado y con una promesa adicional de US$16 mil millones, si es que a los empresarios les interesa invertir (¡ojo, aquí, con el
condicional!). En este punto, sorprende que el Gobierno haya definido, de por sí y ante sí, una serie de medidas vinculadas al desarrollo de la región y de los territorios donde habitan los pueblos indígenas en La Araucanía. Quizás se trate de ideas adecuadas. Pero un asunto no menor es la ausencia de un diálogo de buena fe para definir las prioridades de este plan.

Desde el punto de vista institucional, el Gobierno anunció que dará urgencia a los proyectos que crean un Ministerio de Pueblos Indígenas y que establece Consejos de Pueblos Indígenas. Esos proyectos podrían ser relevantes para generar mecanismos institucionales de diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado, aunque mucho dependerá de las atribuciones que se definan y
mecanismos específicos para selección de representantes. La creación de un Ministerio y de Consejos de Pueblos difícilmente tendrá un impacto en el corto plazo, pues entre su aprobación e implementación pasarán varios años.

De hecho, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas –firmada por Chile–establece, en relación con las prioridades de desarrollo, que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y
determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que le conciernan” (Art. 23). Formalmente, el Gobierno no consultó los planes de desarrollo, salvo algunas conversaciones informales con algunos actores de la zona.

Pero además, como el Estado de Chile ha suscrito y ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, se establecen obligaciones expresas de consulta. Así, varios de los anuncios gubernamentales que se traducen en medidas administrativas y legislativas, requieren ser sometidos a consulta previa de buena fe y con el propósito de lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Aquello es particularmente sensible en lo relacionado con el uso de tierras. El Convenio 169 se explaya latamente sobre la protección de derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas, explicitando que “deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se
considere su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad” (Art. 17, 2).

Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas señala lo siguiente: “Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado” (Art. 27).

La pregunta de fondo será si un conjunto de estímulos económicos y reformas institucionales extremadamente moderadas lograrán el objetivo de la “paz” y el desarrollo. Mi argumento es que difícilmente lo lograrán, primero, porque se trata de medidas que no apuntan al centro del problema (el tema de reconocer a los pueblos indígenas como colectivos autónomos, preexistentes al Estado de Chile); segundo, las reformas institucionales tendrán un impacto de mediano y largo plazo; tercero, la dinámica mediante la cual se están implementando estas medidas no ha incorporado procesos de consulta a los pueblos indígenas y sus representantes, lo que afectará su legitimidad; y, finalmente, no queda claro que los beneficios económicos lleguen a los sectores más postergados de la sociedad.

En síntesis, el plan del Gobierno se estructura en una lógica donde se piensa que una masiva inyección de dinero podrá comprar la paz. Me temo que aquella opción fracasará, toda vez que toca muy tangencialmente el conflicto histórico entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas. Es verdad, La Araucanía es una región postergada. Pero el conflicto tiene que ver con otras cuestiones: el reconocimiento del despojo y usurpación cultural y territorial que dichos pueblos han sufrido, las medidas de reparación asociadas a dicho despojo, la aceptación de la autodeterminación como un nuevo modo de relacionarse en la diversidad, y el reconocer que existen cosmovisiones alternativas de desarrollo. El Gobierno sigue anclado en una perspectiva economicista, productivista del vínculo con los pueblos indígenas, cuando hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar.

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