Piñera y el acuerdo por la “Paz en la Araucanía”: Entendiendo el conflicto desde la vereda derecha

Laboratorio Constitucional UDP, El Dínamo

El pasado domingo 11 de marzo en su discurso inaugural en el Palacio de La Moneda el Presidente Sebastián Piñera dio cuenta de 5 grandes acuerdos nacionales a los que pretende llegar, en el entendido que son estos los que solucionarán los problemas que más aquejan al Chile actual. Uno de esos grandes acuerdos fue denominado por el mismo presidente “Paz en la Araucanía”. Con aquel decimonónico nombre, que a muchos recuerda el sangriento proceso de “pacificación” que tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX y que culminó con la conquista definitiva del territorio libre e independiente mapuche, el Presidente refiere al acuerdo que a partir de lo propuesto en su programa de Gobierno pretende solucionar los problemas de violencia y pobreza en la región. Su programa tiene un capítulo especial dedicado a este tema titulado “Pueblos Indígenas y Araucanía”. El objetivo de esta columna es repasar un poco dicho capítulo con la idea de contrastarlo a lo realizado en su gobierno anterior en esta misma materia e intentar vislumbrar el futuro del acuerdo por la “Paz en la Araucanía”.

Según el Programa de Gobierno de Sebastián Piñera, se plantean 4 puntos neurálgicos referidos a (1) Institucionalidad, (2) Desarrollo Económico, (3) Promoción de la Cultura y (4) Desarrollo y Paz en la Araucanía. Algunas medidas puntuales que destacan son reconocer a los pueblos indígenas a través de un proyecto de reforma constitucional que dé cuenta de la condición multicultural del país. También se propone crear un Consejo Para la Paz en la Araucanía el cual tendrá como criterio de selección a todos quienes no hayan ejercido algún tipo de violencia como medio de expresión política, también busca crear un fondo de reparación para las víctimas del “terrorismo”. Un punto clave en el programa, dice relación con la forma de superar la pobreza en los pueblos indígenas, en el entendido que este es el origen de todos los problemas que de acá surgen. Para ello, propone coordinar a través de la Agencia de Desarrollo Indígena a los diferentes órganos públicos para que aporten recursos y asesorías en materia de desarrollo. También se buscará promover la inversión creando un sistema de garantía y crédito que permita a los “emprendedores indígenas” acceder a los recursos necesarios para desarrollar sus proyectos. Se proponen también otros elementos referidos a proteger y fomentar la salud intercultural, ampliar planes de enseñanza de lenguas, crear un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas etc.

Un estudio realizado desde el Laboratorio Constitucional de la UDP da cuenta de un recorrido histórico de la relación entre Estado y Pueblos indígenas desde la vuelta a la democracia tomando como objeto de estudio las leyes ingresadas al Congreso, desde 1990 hasta 2017, y que refieran a materia indígena. El primer Gobierno de Sebastián Piñera envió sólo dos de los 120 proyectos de ley que han ingresado en el periodo estudiado y ambos se remiten principalmente al ámbito cultural y de reforma a la institucionalidad. Por otro lado, durante este periodo se implementó el “Plan Araucanía” el cual contenía 5 ejes principales que, de acuerdo al diagnóstico que ahí se hace, constituyen el camino a seguir para lograr el desarrollo de la región en general y de los pueblos indígenas en particular. Estos ejes son (1) eje indígena, (2) eje educación, (3) eje salud, (4) eje economía y desarrollo productivo y (5) eje infraestructura y conectividad región de la Araucanía. El fuerte énfasis que este plan ponía en la situación económica de los pueblos indígenas contrasta con la ausencia de derechos primordiales como lo es, por ejemplo, el reconocimiento constitucional.

Entonces al respecto cabe preguntarse ¿qué tiene en común el programa de gobierno del periodo 2009-2013 con el que vislumbra periodo 2018-2022? La similitud es clara y dice relación con la ausencia de un elemento que ha sido la bandera de lucha de los movimientos sociales indígenas, a saber, los derechos políticos y colectivos que en tanto naciones los grupos indígenas tienen y que están consagrados en diversos instrumentos internacionales como lo son el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hablamos acá de reconocimiento constitucional, plurinacionalismo estatal, representación especial, reconocimiento y devolución de territorios ancestrales, reconocimiento de autoridades tradicionales y formas de organización propia y finalmente el derecho a la autonomía.

La propuesta histórica de la derecha chilena destaca por poner el énfasis en el desarrollo productivo de las comunidades, así como también de la identidad cultural indígena. Esta tendencia de la derecha deja de lado elementos importantes que el movimiento indígena viene exigiendo hace ya bastante tiempo y que a juicio de quien escribe y de lo que la experiencia internacional indica, se presentan como lo más eficiente a la hora de solucionar el conflicto entre Estado y Pueblos indígenas.

Los derechos políticos mencionados anteriormente pueden ser complementados por medidas como las que propone el Presidente referidas a fomento al desarrollo, pero la experiencia histórica de este país nos indica que bajo ningún punto de vista el problema se agota en lo económico. Es por eso que el llamado es a cambiar el eje de la relación entre Estado-Pueblos indígenas, dejar atrás las viejas concepciones sobre problemas de pobreza y delincuencia y poner el acento en el empoderamiento político de la pluralidad de naciones que coexisten en este país. A juicio de quien escribe, es la única forma de avanzar hacia una sociedad intercultural, donde exista un pacto social básico entre naciones que permita estabilidad para todos los involucrados. Es este, en definitiva, el camino para lograr un real acuerdo por la Paz en la Araucanía.

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