Fallo mantiene a Keiko en carrera en medio de críticas a nueva ley electoral

La candidata de Fuerza Popular estaba acusada de participar en una actividad donde se repartieron premios en dinero.

En un nuevo capítulo de la teleserie que vive la política peruana, el Jurado Electoral Especial de Lima (JEE) declaró la madrugada del jueves infundada una petición de exclusión presentada contra la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien ocupa el primer lugar en las encuestas para las elecciones del próximo 10 de abril. La resolución se dio a conocer en medio de una gran expectación ante el futuro electoral de la hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción y  a menos de tres semanas de la primera vuelta electoral.

La candidata del partido Fuerza Popular estaba siendo acusada de participar en una actividad de la agrupación juvenil Factor K en la que se entregaron premios en dinero y se hizo propaganda de su partido, algo que Fujimori y sus portavoces niegan. Así,  en su resolución el JEE estableció que la candidata no ofreció ni dió dinero o dádivas a los ciudadanos para obtener votos, una conducta que está prohibida por la ley de elecciones y por la que se había pedido que se le retire de los comicios. El organismo agregó que “tampoco se ha presentado una prueba idónea” que acredite la vulneración de la Ley de Organizaciones Políticas.

Al respecto, el JEE consideró que la actividad se trató “de la final de un concurso de baile organizado por el colectivo Factor K y no por la referida organización política (Fuerza Popular), por ende, el evento siempre tuvo naturaleza premial (de dar premios) y no de un evento proselitista”.

El ex juez Malson Urbina y el congresista Heriberto Benitez, que presentaron las solicitudes de exclusión, habían anunciado que de recibir un fallo adverso apelarían para que el caso sea resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo ente electoral peruano.

El dictamen se produjo una semana y media después de que el JNE decidiera excluir de la carrera presidencial a Julio Guzmán y César Acuña, quienes representaban más del 20% del electorado peruano. El primero -que era  candidato de Todos por el Perú (TPP) y que marchaba segundo en las encuestas (17%)- fue apartado de la carrera por  irregularidades en la inscripción de su partido; mientras que aspirante por la Alianza para el Perú (APP) -que tenía 4% de intención de voto- fue acusado de violar la Ley Electoral al entregar dinero a electores, la misma acusación que pesaba contra Fujimori.

Acuña al conocer el dictamen acusó al JEE de haberse “lavado las manos como Pilatos” y consideró que “no se ha medido con la misma vara a los candidatos”.  Además, exigió “la suspensión del actual proceso electoral hasta que puedan crear las condiciones para un proceso limpio y justo”.

Estas controversias se enmarcan dentro de la nueva ley electoral, que fue promulgada a comienzos de año, cuando ya había comenzado la carrera por la Presidencia. Los analistas señalaban que este tipo de normativas deben comenzar a regir después de las elecciones y no antes para no afectar el proceso.  La Ley 28094 sobre Partidos Políticos,  entre otras cosas, prohíbe la entrega de dinero, regalos, o dádivas, excepto aquellos que constituyan propaganda electoral (cómo lápices, folletos, llaveros), en cuyo caso no debe exceder del 0,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 19 soles (US$ 5,6) por cada bien entregado como propaganda electoral.

A juicio del analista político peruano de la Universidad Diego Portales, Carlos Meléndez, “esta regulación  es lo suficientemente ambigua como para excluir a Acuña y dejar en carrera a Fujimori. Deja mucho margen para la interpretación en medio de un contexto de alto cuestionamiento a la legitimidad del proceso. “No se puede descartar que para tomar tal decisión se consideraron criterios políticos”, dijo a La Tercera.

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