Control de identidad preventivo a la clase política

Patricio Navia, El Líbero

Si lo que quieren es facilitarle la tarea a la fiscalía para identificar a personas que han violado la ley, los parlamentarios deberían legislar para que el Ministerio Público tenga acceso a sus cuentas bancarias. Ese control preventivo por sospecha tendría un retorno mucho mayor en la tarea de identificar a personas que han delinquido que el discriminatorio control preventivo de identidad.

Si aplicáramos la misma lógica que han usado las autoridades para defender la reforma que establecerá el control de identidad preventivo, deberíamos pedirle a los parlamentarios que se sometan a una revisión preventiva de sus cuentas bancarias por parte de la fiscalía. Después de todo, es más probable que un parlamentario haya cometido un delito al recibir financiamiento irregular para la política a que un ciudadano que aleatoriamente sea abordado por Carabineros tenga cuestiones pendientes con la justicia.

Pese a querer diferenciarse del legado de los gobiernos anteriores, la administración de Bachelet ha sido incapaz de formular una política de seguridad pública distinta a las promovidas por administraciones pasadas. Ante la creciente percepción de inseguridad, el gobierno ha hecho propia la agenda conservadora que propone coartar las libertades individuales en aras de garantizar mayor seguridad. Un ejemplo de esa agenda es el control preventivo de identidad, que ha sido aprobado en el Senado y está en discusión en la Cámara. La iniciativa, promovida por el propio gobierno, ha sido fuertemente criticada por diversos expertos en Derechos Humanos y seguridad. Si los gobiernos a veces borran con el codo lo que escriben con una mano, impulsar una reforma que establece el control de identidad preventivo constituye la más contradictoria de las decisiones de la Presidenta Bachelet respecto a lo que ella prometió hacer cuando era candidata y respecto a las posiciones que ha defendido desde La Moneda.

Es verdad que hay argumentos poderosos para exigirle al gobierno medidas efectivas contra la inseguridad. El combate a la delincuencia se ha consolidado como una de las prioridades de gobierno que la gente estima como más importante. Como el gobierno del Presidente Piñera falló en su promesa de cerrar la puerta giratoria a los delincuentes (sus críticos dijeron que los delincuentes habían robado la puerta giratoria), el gobierno de Bachelet ha visto la oportunidad de apropiarse de un tema que tradicionalmente favorecía a la derecha.

Pero no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad ayude a disminuir la delincuencia. Sí sabemos que ese tipo de medidas terminan siendo discriminatorias contra las personas de menores ingresos -especialmente hombres jóvenes- que tienden a ser considerados sospechosos de delinquir. De ahí que resulta paradojal que un gobierno de izquierda haya decidido hacer propia una política que es internacionalmente sindicada como discriminatoria contra los jóvenes de bajos ingresos.

Algunos de sus defensores en el Congreso argumentan que el control preventivo de identidad logrará reducir la cifra de sobre 60 mil órdenes de detención pendientes que existen en el país. Argumentando que “el que nada hace, nada teme”; los legisladores han dicho que el costo que pagarán los ciudadanos respetuosos de la ley al someterse a un control de identidad es mínimo comparado con el beneficio que se producirá al aprehender a personas que han violado la ley.

Como hay una persona con orden de detención pendiente por cada 300 chilenos, el argumento parece razonable. Pero esa misma lógica permite argumentar a favor de que la fiscalía tenga acceso a las cuentas bancarias de todos los parlamentarios. Después de todo, como uno de cada quince parlamentarios está implicado en investigaciones de financiamiento irregular de la política, la probabilidad de encontrar a alguien que haya cometido delito es más alta que cuando se realiza control preventivo a ciudadanos en la calle. Además, como el que nada hace, nada teme, todos los parlamentarios deberían abrir sus cuentas bancarias con la misma disposición a colaborar que los ciudadanos deberán tener al mostrar sus documentos de identidad cuando sean requeridos. Es verdad que el acceso a las cuentas bancarias es una invasión mayor a la privacidad que mostrar un carné de identidad, pero la probabilidad de que haya un parlamentario involucrado en actos de financiamiento irregular de la política -y el daño promedio que esos actos implican para el fisco- es también mayor al que implica el control de identidad preventivo.

El gobierno está en deuda en su capacidad para combatir la delincuencia y dar garantías de seguridad a la población. Pero el control preventivo de identidad no va a producir los efectos que la opinión pública demanda. Como el gobierno ha insistido en su postura, le corresponde a la Cámara de Diputados introducir algo de sentido común en el proceso legislativo. Si lo que quieren es facilitarle la tarea a la fiscalía para identificar a personas que han violado la ley, los parlamentarios deberían legislar para que el Ministerio Público tenga acceso a sus cuentas bancarias. Ese control preventivo por sospecha tendría un retorno mucho mayor en la tarea de identificar a personas que han delinquido que el discriminatorio control preventivo de identidad.

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