Chiloé y el Chile en el que algunos creen vivir

Patricio Navia, El Líbero

Cuando el gobierno premia a los que ponen fin a un conflicto que implique cortes de carreteras, el próximo movimiento social ya sabe qué hacer para conseguir una mejor negociación con el gobierno.

Aunque es cosa de darse una vuelta por cualquier ciudad de Chile o mirar datos oficiales para verificar que Chile sigue siendo un país donde mucha gente vive en condiciones de pobreza y sufre la precariedad laboral, las protestas en Chiloé han sido un balde de agua fría para una elite que vive obsesionada con preocupaciones de país desarrollado.

Frente a la trágica cotidianeidad de pobreza y precariedad laboral en Chiloé, el gastadero de plata en cabildos ciudadanos para un proceso consultivo que derivará en una propuesta de nueva constitución que la Presidenta presentará al Congreso parece un irresponsable excentricismo. Los altísimos sueldos de los legisladores y altas autoridades de gobierno —y la decisión de aumentar el número de senadores de 38 a 50 y de diputados de 120 a 155— parecen injustificables ante una realidad de una economía estancada, creciente desempleo, abundante subempleo y necesidades sociales insatisfechas y crecientes. Alguien podrá decir que el volumen de gasto en el presupuesto del Congreso o en el proceso constituyente consultivo es menor respecto a las necesidades insatisfechas. Pero cada peso del erario público gastado en promover un diálogo sobre una posible nueva constitución o en crear más puestos de trabajo de funcionarios públicos con sueldos elevadísimos es plata que no se gasta en programas sociales. Es más, cuando la gente no sabe cómo va a pagar las cuentas a fin de mes, tiene poca capacidad de participar libremente en un diálogo consultivo sobre qué elementos debe tener la constitución. Un paciente que llega con riesgo vital a la sala de emergencia de un hospital depende de que el hospital funcione bien, pero no está en condiciones de participar de un debate sobre qué hacer para mejorar el funcionamiento del recinto hospitalario. En Chile estamos gastando plata en hablar de oportunidades e inclusión en vez de crear programas que efectivamente abran las oportunidades y produzcan inclusión.

Las protestas de Chiloé también invitan a repensar el objetivo del gobierno de avanzar hacia la educación universitaria gratuita. Después de que experimentó problemas de diseño y de implementación con el Transantiago, el gobierno de Bachelet ha optado por minimizar las críticas a su reforma educacional, optando por implementar un programa sin pasar por la etapa del diseño. En un país donde millones de chilenos viven en la precariedad laboral, poner el foco en ayudar a los que ya están trabajando —o estarán en pocos años (producto de que tendrán acceso a la educación superior)— resulta incompatible con el objetivo de reducir la desigualdad.

Por último, las protestas de Chiloé desnudan la poca capacidad que tiene el país de preparase para los efectos del cambio climático. Los fenómenos como la marea roja se harán más comunes en los próximos años producto de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Muchos chilenos parecen sorprendidos de que estén ocurriendo cosas que nunca pasaron antes. Pero precisamente eso es lo que debemos esperar como resultado del cambio climático.

Algunos han argumentado que la marea roja es, al menos en parte, producto de que empresas salmoneras arrojaron enormes cantidades de salmones en descomposición frente a las costas de la zona. Aunque esa información ha sido desmentida por expertos, la incapacidad del gobierno para dar garantías de que realiza bien sus tareas de fiscalización alimentan las teorías conspirativas. Cuando la percepción ciudadana es que las autoridades están capturadas por grupos de interés empresariales, resulta muy difícil frenar las teorías de conspiración que apuntan a los empresarios por eventos como el de la marea roja.

Aunque Chile ha sabido prepararse frente a los terremotos, nos estamos quedando atrás ante fenómenos causados por el cambio climático. No podemos pretender que porque tenemos buenos códigos de construcción, vamos a estar preparados para todos los fenómenos naturales que nos comenzarán a golpear producto del cambio climático del que tanto se habla en encuentros internacionales a los que nuestras autoridades asisten religiosamente.

Por cierto, en su negociación con el movimiento social de pescadores de Chiloé, al aceptar el concepto de “bono de fin de conflicto”, el gobierno solo está enviando una señal para que otros movimientos sociales escalen sus protestas en pro de sus demandas. Cuando el gobierno premia a los que ponen fin a un conflicto que implique cortes de carreteras, el próximo movimiento social ya sabe qué hacer para conseguir una mejor negociación con el gobierno.

La crisis de la marea roja en Chiloé ha desnudado las inconsistencias entre el país en el que realmente vivimos y la concepción idealizada del país en el que algunos miembros de la elite creen vivir. Además de desnudar las debilidades del gobierno, la crisis de Chiloé nos invita a repensar nuestras prioridades del gasto público y la inversión social.

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