13 / 05 / 2016
El proyecto de elegir directamente a intendentes y gobernadores goza, en teoría, de consenso en la coalición de gobierno. Resulta difícil entender que no se le haya puesto urgencia. Aunque se pueden imaginar algunas razones.
Resulta un tanto inexplicable que el gobierno no ponga urgencia a proyectos que implican cambios relevantes y, al menos de acuerdo al discurso público de los representantes de la Nueva Mayoría, están ampliamente consensuados, como la elección directa de los intendentes o gobernadores regionales. La idea de legislar fue aprobada casi por unanimidad en el Senado. ¿Por qué no aprovechar este apoyo legislativo y sacar adelante una reforma concreta que además cuenta con un sólido respaldo ciudadano? Las encuestas de la UDP de 2013 y 2014 muestran que tanto los ciudadanos de regiones como de Santiago le asignan una alta importancia a esta reforma. Algunos pensarán que esta reforma estará incluida en la nueva Constitución. Pero esa nueva Carta no está garantizada, y menos con un gobierno que cosecha cerca de un 30% de aprobación.
Resulta curioso que la reforma cuente con un apoyo legislativo tan evidente, pero más curioso aún es la postura de algunos legisladores que públicamente respaldan la reforma, pero que en privado se muestran —por decirlo de manera elegante— timoratos. Para los legisladores, los miedos pasan fundamentalmente porque la elección directa de los intendentes desordenaría el mapa de poder. Los diputados quedarían al final de la cadena de mando. Hoy son esos diputados los que inciden en la nominación de los intendentes.
Probablemente, en sus mentes esté la idea de que si el intendente es electo, será él quien vise las listas de candidatos a diputados.
Algo similar pasa con los senadores, que ven en un intendente electo la competencia directa. Ese intendente tendría más votos que cualquier senador, accediendo a una vitrina única para alzarse como figura presidencial. En consecuencia, los miedos de algunos legisladores poca relación tienen con el diseño institucional y las atribuciones o competencias del intendente electo. Más bien, sus sospechas se concentran en la distribución de poder.
¿Cuáles son los beneficios políticos de la elección directa de los intendentes? Primero, un intendente electo podría contribuir a sacar de la modorra electoral a los ciudadanos, y en especial a los de regiones. Segundo, los liderazgos presidenciales no provendrían exclusivamente de la Región Metropolitana. Tercero, los partidos podrían reactivarse territorialmente, concentrando sus esfuerzos más allá de la presidencial o de las legislativas. Incluso, si se aplicara un sistema electoral de doble voto simultáneo, las comunas pequeñas de las regiones serían muy relevantes. Por tanto, las campañas no se focalizarían solamente en los grandes centros urbanos. En este sistema electoral es electo el candidato más votado del pacto o lista más votada. Las coaliciones pueden competir con más de un candidato. Idealmente, uno por partido. Eso incrementaría la oferta y la competencia, generando escenarios de mayor incertidumbre electoral y, teóricamente, de mayor participación. Dado que bajo esta fórmula cuesta más anticipar al ganador, la definición puede ser muy estrecha. Por tanto, las comunas pequeñas adquirirán un inusitado protagonismo. Cuarto, los intendentes actuales no gozan de legitimidad popular, a diferencia de los consejeros regionales. Quinto, dado que en promedio los intendentes duran poco más de dos años en sus cargos, se anula todo plan de desarrollo regional de más largo plazo. Sexto, el intendente estará sujeto alaccountability de los ciudadanos, desahogando así al presidente. Si lo que Chile necesita es un presidencialismo menos exacerbado, son los intendentes electos los llamados a procesar las demandas ciudadanas, descongestionando la agenda presidencial.
En términos estratégicos, las coaliciones debiesen impulsar la reforma. Si hay elección de intendentes en 2017, la coalición con mayor chance de ganar la presidencial sentirá que también puede ganar todas las intendencias. En tanto, la coalición perdedora verá en las intendencias el único lugar donde refugiarse por cuatro años. Si el intendente no es electo, esa coalición perdedora queda con cero ganancia.
Muchos han argumentado que el intendente electo oficiará como una especie de faraón, lleno de atribuciones y recursos. Lo que ignoran es que ese intendente deberá relacionarse con el poder central. La presidenta debiera ponerle urgencia al proyecto, para que las nuevas autoridades sean electas en 2017. Esperar una nueva Constitución es postergar y eventualmente sacrificar uno de los cambios institucionales más importantes de la agenda.