14 / 06 / 2016
El 14 de Diciembre del 2011, la afamada revista Times presentó al “manifestante” como el personaje del año. Movilizaciones sociopolíticas y protestas masivas en Medio Oriente, el norte de África, Europa y Estados Unidos, confirman la elección. Todo ese año y en casi todo el globo, su presencia recorrió las calles, se apostó en sus plazas y se difundió por redes sociales- marcando la pauta de la irrupción ciudadana en los años venideros-, cuestionando el consenso de la globalización neoliberal y denunciando la fragilidad democrática actual. La movilización política, las manifestaciones públicas y la protesta entraban en la escena social para quedarse.
América Latina no fue la excepción, como lo ejemplifican los casos de México, Colombia, Bolivia y Brasil. En Chile se han desarrollado movilizaciones sociales y manifestaciones públicas por diversas causas: medioambientales, laborales y gremiales, de reconocimiento de derechos, de minorías étnicas, de justicia social. Particularmente importante ha sido la movilización estudiantil, que desde el 2011 reúne a estudiantes secundarios/as, universitarios/as, docentes, académicos/as y a otros actores vinculados a la educación; logrando también conquistar la adhesión y participación de la ciudadanía en general. Lucha que se extiende hasta hoy, en el ciclo de movilizaciones más potente que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia.
Tales movilizaciones sociales y ciudadanas ponen en circulación, en cada sociedad de manera singular, un conjunto de prácticas y significados distintos, en algunos casos opuestos, al del orden establecido. Siguiendo el trabajo de Boaventura de Sousa Santos, podemos proponer que tales movilizaciones ciudadanas amplían el campo práctico-simbólico que define las representaciones actuales de nuestras democracias, mediante el ejercicio de identificar las ausencias que el complejo “demoliberal” ha producido, así como potenciar las emergencias sociales que en su contra se levantan. Desde la óptica de las emergencias, las movilizaciones realizan un juego que vincula el plano de la acción, de los discursos y de las emocionalidades, con el de la organización colectiva, haciéndolos confluir en un espacio configurado por otros idearios democráticos.
Uno de los derivados de tales procesos es la conformación de otro tipo de subjetividad, que para el caso de Chile al menos, es una “subjetividad activa” (movilizada) que comienza a habitar lo social, afectando la normal complacencia de la institucionalidad política, politizando- a riesgo de no ser rigurosos en la generalización- la sociedad. Tal subjetividad politizada, de claro carácter generacional, descansa en formatos prácticos y activos que han conformado un nuevo registro de experiencias individuales y colectivas, distanciadas del sujeto-ciudadano políticamente pasivo de los noventa, asociado al consumidor. Los actos, las prácticas, los discursos, las representaciones y relaciones sociales que ponen en circulación las movilizaciones ciudadanas prodemocráticas, constituyen lo que Raymond Williams llamó recursos de esperanza.
La ampliación del campo democrático que permite la articulación de tales recursos, a partir de la movilización estudiantil, puede leerse como una política de esperanza impulsada por la ciudadanía. Esperanza, en este sentido, deja se asociarse a la pasividad (la espera), que puede rayar en el conformismo del consumidor, para proponerse como una forma activa y rebelde de producción del futuro. Una política de esperanza, en tanto actos instituyentes de nuevas experiencias, relaciones sociales y representaciones, vincula lo actual con lo por venir, realizando un cambio en su orientación de la pasividad a la actividad, pero sin desechar la paciencia, abriendo lo posible a modos de organización e institución diferentes. De tal forma una política de esperanza implica un soporte afirmativo hacia el futuro.
Paradojalmente en Sudamérica, las movilizaciones sociales y ciudadanas se han acompañado de un giro “antiprogresista” en lo que refiere a la política institucional. Argentina y Brasil son los casos paradigmáticos. En paralelo, los cuestionamientos a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, parecen confirmar “el fin de la marea rosada” o, al menos, un estancamiento del progresismo institucional. Sin embargo, desde el impulso movilizador y su política de esperanza, puede darse una vuelta de tuerca al giro conservador. Desde mi óptica, la política de esperanza impulsada por una subjetividad activa se juega en la posibilidad de producir un nuevo imaginario social democrático, cuyo soporte afirmativo es “el principio de lo común”.
No obstante, el potencial de una Política de Esperanza requiere de paciencia para desarrollar el trabajo de traducción necesario por la “larga revolución de lo común”, que incluye tanto la dimensión agencial como la institucional. Aunque hoy su prioridad esté en producir un sentimiento común: la no conformidad con el orden demoliberal actual.