06 / 06 / 2016
Ana María Stuven afirma que la violencia urbana no se resuelve endureciendo las penas sino articulando políticas al servicio de la prevención del delito e inserción.
Hace más de 16 años la periodista de la U. de Chile, doctora y magíster en Historia, de la Universidad de Stanford, Ana María Stuven, cruzó la verde que separa el Campus San Joaquí de la Universidad Católica, rumbo al hermoso huerto que veía desde la ventana de su oficina. Tras una añosa puerta descubrió la Cárcel de Mujeres de Santiago, hoy denominada Centro Penitenciario Femenino (CPF) y hasta 1996 administrada por las religiosas de la congregación del Buen Pastor.
A poco andar creó, y preside, la “Corporación Abriendo Puertas”, que define como misión “revertir el círculo vicioso de la delincuencia y la marginación en las mujeres privadas de libertad”. Y volcó gran parte de su tarea académica a investigar y dar a conocer ese mundo. “Seguimos creyendo que la delincuencia se resuelve encarcelando más gente y ojalá por más tiempo”, enfatiza.
El desamparo
El porcentaje de mujeres presar aumentó en las últimas décadas en un 60% a nivel global, superando el crecimiento de la población penal masculina. En Chile, entre 1989 y 2012, el número de mujeres condenadas se incrementó 121%, mientras que las cifras de los hombres son prácticamente estables. Según datos de Gendarmería, las mujeres representaban en 2013 alrededor del 8,6% de la población condenada a personas privativas de libertad, y casi un 13% de los imputador en espera de condena.
“Una mujer presa implica quiebres familiares muy superiores a los generados por un hombre en igual condición, pues normalmente están a cargo de los hijos y son jefas de hogar. En promedio, las presas tienen 3 niños o adolescentes que, al no existir sistemas para su inmediata protección, quedan librados a su suerte cuando la madre entra en prisión”, asegura.
-¿Y el Sename no se hace cargo de ellos, cuando no hay familiares para acogerlos?
-El Sename sólo interviene cuando el niño está en absoluto desamparo. La experiencia muestra que los niños en esas circunstancias viven situaciones de extrema pobreza, abuso o maltrato. Y es usual que los “cuidadores” exijan a la madre financiar su mantención, lo cual la obliga a buscar redes para traficar drogas dentro del penal. Así, las madres viven sus condenas como etapas de perfeccionamiento en la práctica delictiva y los niños vulnerados se vuelven violentos o delinquen.
-¿Cuál sería la solución a su juicio?
-Aprender de la experiencia, o recoger lo que la investigación ha demostrado hasta el cansancio, y diseñar políticas que asuman las diferencias de género, lo que implica concebir la más básica política de prevención, que supone actuar a favor de los hijos de las mujeres que delinquen.
Políticas de género
-¿Qué tipo de políticas de género podrían compatibilizar el castigo a sus delitos con los deberes parentales?
-A diferencia de los hombres, las mujeres encarceladas suelen ser abandonadas por sus parejas y por la familia, en parte por castigo y porque se vuelve prioritario para el grupo reemplazar su rol como proveedora. Lo usual es que provengan de familias desestructuradas y tengan educación mínima. Eso hace imposible su inserción laboral con ingresos que permitan sostener un gasto familiar.
-El problema parece sin salida.
-El encarcelamiento es mala solución si no está asociado a una política que coordine recursos públicos y privados para la inserción social. En la Corporación Abriendo Puertas las capacitamos para trabajos bien remunerados y generamos redes que las ofrezcan contención.
-¿Cuál es la alternativa?
-Existen formas que han mostrado ser exitosas. Suponen que hay un horario para trabajar y contactar a la familia, volviendo en la noche a cumplir la condena.
Definiciones
Cuatro medidas contra la delincuencia
-Si pudiera implementar tres medidas que resulten eficaces para controlar el incremento de conductas delictuales en las mujeres, ¿cuáles serían?
-La primera, y es válida para mujeres, hombres y sobre todo niños y jóvenes, es dedicar presupuestos significativos a programas de prevención sostenidos en el tiempo, con seguimiento y evaluación orientados a lograr resultados definidos. La segunda, aplicar políticas que hagan diferencia de género en el tratamiento de la conducta delictual y la tercera… tienen que ser cuatro para que esto resulte: la tercera sería invertir en investigación sistemática, tanto para orientar y evaluar las políticas públicas en el sector como para comprender la complejidad del fenómeno que estamos viviendo. Y mi última medida sería establecer colaboración entre ONGs y universidades con profesionales competentes en materias de habilitación social, de modo que gendarmería pueda concentrarse en labores de vigilancia y apoyarse en especialistas para impulsar la inserción social de quienes delinquen.