Que pase el siguiente…

Carlos Meléndez, The Clinic

La legislación peruana es tan inconsistente que la línea que separa a un partido político de una “organización criminal para el lavado de activos” es visible para el experto en legislación electoral, no para el aprendiz de político. Humala y Heredia nunca dejaron de ser amateurs en estos menesteres.

El día que Ollanta Humala se sublevó contra el moribundo gobierno de Alberto Fujimori en octubre del 2000 quizás no imaginó que 17 años después terminarían en celdas conjuntas en un centro de reclusión para quienes ostentaron la banda presidencial. Solo dos, por ahora. (El Estado peruano ha solicitado a Estados Unidos la extradición de Alejandro Toledo por un presunto soborno de 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht; la Fiscalía peruana investiga cohechos en la construcción del Metro de Lima durante el gobierno de Alan García). En un país polarizado a favor y en contra del fujimorismo, encontramos al líder fundador de este movimiento y al representante político más exitoso de quienes rechazan este legado, separados por una pared bajo un mismo encierro.

Desde el primer día de su carrera política –aquel levantamiento militar en Locumba, al sur de Perú-, Ollanta Humala se puso la camiseta de antifujimorista. Al comienzo temido como remake de Velasco Alvarado –dictador peruano que llevó a cabo reformas anti-oligárquicas como la agraria a principios de los 1970- o una versión “mini me” del venezolano Hugo Chávez, dos campañas presidenciales lograron el aggiornamento. En la primera, el 2006, fue vencido en el ballotage por el experimentado Alan García quien estratégicamente lo asoció como parte del plan expansionista del chavismo hacia el Pacífico. En la segunda, el 2011, se enfrentó a la hija mayor de Alberto Fujimori, Keiko. “Es una elección entre el cáncer y el sida”, dijo Mario Vargas Llosa en el inicio de dicha campaña, pero al final fungió de “garante” –conjuntamente con otros miembros de la élite limeña- al excomandante. (“No me arrepiento”, señaló hace unos meses). Así, Humala se consagraría como la máxima expresión política del antifujimorismo.

Ollanta Humala gozó de la más extensa “luna de miel” de algún mandatario peruano desde el retorno a la democracia el 2001. Hacia el tercer año de su gobierno, sus índices de aprobación popular cercaban el 40%, cifras auspiciosas para la desafecta opinión pública peruana. Pero un personaje de su entorno gozaba incluso de mayor apoyo: su esposa, confidente, vocera y operadora política Nadine Heredia. La ex Primera Dama jugó un papel clave en el crecimiento político del proyecto nacionalista. No se trataba solo de una compañera sentimental, sino de una socia política. Podemos resumir el Partido Nacionalista Peruano como un emprendimiento conyugal que replicó los males estructurales de la sociedad peruana: la informalidad. Dos novatos en política, fueron aprendiendo los gajes del oficio en una extensa zona gris donde los errores y los delitos se confunden, la inocencia y la malicia se imbrican. ¿De dónde sale el dinero para construir un partido político? ¿Se declaran formalmente –o no- los donativos provenientes del gobierno venezolano (2006) y el apoyo “ideológico” (sic) del Partido de los Trabajadores de Brasil (2011)? La legislación peruana es tan inconsistente que la línea que separa a un partido político de una “organización criminal para el lavado de activos” es visible para el experto en legislación electoral, no para el aprendiz de político. Humala y Heredia nunca dejaron de ser amateurs en estos menesteres.

La corrupción que se investiga a la pareja Humala-Heredia –hoy encarcelados bajo orden de prisión preventiva- no tiene punto de comparación con la encontrada al gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, quienes prometieron “honestidad para hacer la diferencia” han engrosado ser “más del montón” de esa clase política que usufructúa con los votos de millones de electores, en pos del beneficio propio. Para los peruanos esta no es la primera desilusión; tampoco será la última.

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