Política del aplausómetro

Fernando García Naddaf, La Tercera

YA ES tiempo de hacernos cargo de una realidad incómoda pero con importantes efectos en nuestro sistema: las encuestas de opinión operan como agentes políticos que pueden influir interesadamente en la libre determinación de nuestras preferencias colectivas.
Si esto es cierto, debemos asumirlo como problema urgente.
Sabemos que las encuestas son cuestionables. Intuimos errores metodológicos, sospechamos intereses políticos y económicos, pero ¿qué hacemos para enfrentar estos problemas?

El debate sobre encuestas es viejo en las democracias representativas. Es común escuchar críticas por sus tamaños muestrales o sobre cómo se extraen las mismas muestras. 
Se las cuestiona por sesgos de entrevistas telefónicas versus entrevistas cara a cara. Pero en realidad, los “hoyos” son más. 
Van desde quién encarga el estudio (no son “neutros” como se nos presentan), el diseño del cuestionario, el trabajo de campo, tabulaciones de resultados y las interpretaciones de los dueños de las empresas.

Con esta fauna de opciones es lógico pensar que los resultados recojan cosas distintas. Sin embargo, cada una de ellas se presenta como “la” auténtica fotografía de la realidad nacional.
Y hay más. Una de las críticas más duras viene del nivel de conocimiento de los encuestados, lo que no es menor si se considera que todo el imaginario del sistema se construye en base a la racionalidad de las decisiones de los ciudadanos.

Por ejemplo, se puede preguntar por la estrategia chilena en La Haya o por el Acuerdo de París, pero ¿cuánto saben los entrevistados de estos temas? Hoy sabemos que hay reconocidos políticos nacionales, que aspiran a los más altos cargos, que apenas saben de ellos. Sin embargo, al consultar a gente desinteresada y sin conocimiento, las encuestas son recogidas sin discriminación y terminan siendo usadas para defender posiciones políticas particulares escudándose en la “opinión” de la gente que ha sido medida por la “neutralidad de la técnica”.
La publicación también tiene efectos en el electorado, especialmente cuando se refiere a las carreras presidenciales.

Las encuestas afectan el voto por varios mecanismos, por ejemplo, el del “carro ganador”, que no es otra cosa que la irracionalidad de votar para “no perder el voto”. En base a esto, los partidos hacen cálculos que están lejos de principios axiológicos de la democracia.

Por ejemplo, las usan para presionar y “bajar” candidatos o “subir” otros como vemos hoy. Mientras, nosotros, impávidos, nos sumergimos cada vez más en la política del aplausómetro, que no es otra cosa que la política de la demagogia en una era de la fragmentación posmoderna, donde la política verdadera, la de las ideas, parece solo un juego ingenuo de idealistas. 
¿Cómo enfrentar esta deriva?

En otros países la misma industria se somete a estándares éticos, metodológicos y de difusión que promueven organismos reconocidos (WAPOR, AAPOR o ESOMAR) que sirven de referencia para periodistas y ciudadanos a la hora de evaluar los resultados.
En otros lugares se han creado comisiones de sondeos, bajo iniciativa de ley, que previenen que el proceso y la publicación perturben la libre determinación de las preferencias electorales. 
En un mundo donde una y otra vez nos quejamos de baja participación política, de crisis de representación y desconfianza hacia los políticos, las encuestas -especialmente las más cuestionables metodológicamente- se vuelven en perverso aliado de lo que no queremos como práctica.

Si esto es así, se vuelve urgente actuar para dar más sentido y coherencia al trabajo en el que todos, como ciudadanos, estamos involucrados.

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