Plan Araucanía: una zanahoria con gusto amargo

Claudio Fuentes, El Mostrador

Si el objetivo de este plan era crear un ambiente de diálogo y paz, la acción de las fuerzas de Carabineros es una parte crucial de la ecuación. No se logra la paz y el diálogo sobre la base de fuerzas especiales que amenazan constantemente a la población. Dialogar a partir de un garrote que comete ilegalidades y zanahorias amargas es la mejor receta para, nuevamente, fracasar en el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Cuando se lanzó el Plan Araucanía, planteé lo mal enfocadas que estaban algunas propuestas realizadas por el Gobierno, pues parte del supuesto de que la inyección de recursos económicos traería la paz en el mediano plazo. Un equívoco, pues no se consideraron sustantivamente las demandas históricas de derechos territoriales, autonomía política y reconocimiento.

Así, la lógica del garrote –con el Comando Jungla– y de la zanahoria –el Plan Impulso Araucanía– aplicada simultáneamente solo ha provocado mayor descontento y frustración. El problema es mayúsculo y no solo porque la política del garrote ha sido nefasta, sino también por los problemas inherentes de la “zanahoria”, que tiene más del sabor amargo de un rábano.

Analicemos algunos aspectos críticos de las propuestas. El Gobierno anunció que se reconocería constitucionalmente a los pueblos indígenas y que antes de fin de año enviaría un texto al Congreso. Para evitar realizar una nueva consulta a dichos pueblos sobre este tema, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, informó que “la propuesta que haremos será sobre la consulta que ya se realizó”, consignó el diario El Austral de Temuco, el 8 de
noviembre.

¿Cuál es el problema aquí? Muy simple. Los pueblos indígenas que participaron en el proceso constituyente indígena no alcanzaron un acuerdo con la administración anterior, puesto que ellos solicitaban la inclusión del concepto de “plurinacionalidad” y “pluriculturalidad”, de la “preexistencia” de los pueblos originarios y de derechos territoriales, entre otros. El texto que el Gobierno de Michelle Bachelet envió al Congreso no incluía nada de aquello. Se trató de una propuesta de reconocimiento genérico, donde se reconocía a los pueblos indígenas dentro de la nación chilena. No se hablaba de derechos territoriales y menos de plurinacionalidad.

De este modo, la propuesta de reconocimiento constitucional que seguramente el Ejecutivo enviará, se alejará sustantivamente de las demandas que los propios pueblos indígenas realizaron en el proceso constituyente convocado por el Gobierno anterior. Se escudará en la propuesta de Bachelet para tratar de sumar votos culposos de la ex Nueva Mayoría, pero la demanda indígena por un reconocimiento sustantivo quedará, muy probablemente, sin
resolverse.

El Gobierno anunció que se consultaría a los pueblos indígenas sobre la inclusión de un sistema de cuotas y sostiene que no existió un acuerdo referido a este asunto en el proceso constituyente indígena. Sin embargo, en la sistematización del proceso constituyente indígena (pág. 26) se alude explícitamente a la creación de escaños reservados para cada nación, definidos según criterios distintos a la población de cada pueblo, para así garantizar
la real y efectiva representación de cada uno de ellos. Se iba todavía más allá, al proponerse una participación no solo en el Poder Legislativo, sino en otros poderes locales, provinciales y regionales del Estado.

Entonces, aquí también la propuesta gubernamental se queda corta. Mientras los pueblos indígenas plantean la necesidad de escaños reservados que reflejen el porcentaje de población indígena del país, el Ejecutivo plantea
un sistema de participación dentro de los partidos tradicionales.

El Plan Impulso Araucanía propone “ampliar la posibilidad para que las comunidades puedan suscribir contratos de arriendo, mediería o aparcería, etc., en sus tierras indígenas sin que esta deje de ser mapuche (…). Permitir a las comunidades titulares de tierras que pueden dividir total o parcialmente el título común y generar títulos individuales de dominio para los miembros de la comunidad (…). Disminuir el plazo de la prohibición de enajenación entre indígenas de tierras adquiridas con fondos de la CONADI (…). Clarificar las reglas aplicables a la permuta de tierras indígenas por personas no indígenas, con especial foco en tierras que se encuentran en áreas de expansión urbana”.

Este es uno de los temas más sensibles del Plan Impulso Araucanía, abriendo un debate sobre las consecuencias que podrían generar este tipo de políticas y que ha producido más incógnitas que certezas en el propio mundo indígena.
Además, a fines de octubre la Corte de Apelaciones de Temuco declaró admisible un recurso que reclama la ilegalidad y arbitrariedad del Plan Araucanía por no respetar la necesidad de consulta indígena, como se establece en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la cual Chile forma parte. La abogada Amaya Alvez explicó –en El Austral de Temuco el 28 de octubre– que no se estableció desde el origen de la propuesta del Gobierno una condición de igualdad “que permitiese al pueblo mapuche participar en condiciones simétricas en la construcción del acuerdo, hoy ya publicado y en ejecución”.

El último nudo crítico del mencionado plan es que traería la paz. No por casualidad el Ministerio de Desarrollo Social lo titulaba como “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía” y en este se precisó que el primer principio ordenador de la acción del Gobierno era “la voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de paz, que permitirá construir en el tiempo el ambiente de paz y diálogo entre los actores de la región, como sello y base necesaria e indispensable para el desarrollo compartido y proyección futura de la región”.

Entonces, si el objetivo de este plan era crear un ambiente de diálogo y paz, la acción de las fuerzas de Carabineros es una parte crucial de la ecuación. No se logra la paz y el diálogo sobre la base de fuerzas especiales que amenazan constantemente a la población. Dialogar a partir de un garrote que comete ilegalidades y zanahorias amargas es la mejor receta para, nuevamente, fracasar en el conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche

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