Plan Araucanía: las medidas que no resolverán el conflicto

Claudio Fuentes, Diario Austral

¿Resolverá el conflicto de la Araucanía el anuncio que acaba de realizar el gobierno? Evidentemente no. Y esto por razones que van mucho más allá de las recomendaciones que se pretenden implementar. El asunto es el siguiente: el Estado de Chile durante muchísimo tiempo ha encarado la demanda de los pueblos indígenas en general y mapuche en particular como un asunto sectorial, que se resuelve por la vía productiva, el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y el reconocimiento de las “culturas” indígenas.

Políticas de desarrollo productivo, entrega de subsidios, planes de infraestructura, y más recientemente el reconocimiento constitucional, de la lengua y ciertas tradiciones ha sido la tónica. La dificultad de esta forma de encarar la problemática indígena es que elude dos cuestiones que están en la raíz del conflicto: territorio y autodeterminación. En relación al territorio, el gobierno indica que desde el año 1990 a la fecha se ha devuelto la importante cifra de 230 mil hectáreas de tierras. Pero sabemos que aquella política-además de todos los problemas de implementación que ha enfrentado-representa menos del 8% de la región de la Araucanía. A lo anterior se suma lo que ha sucedido en el territorio desde el punto de vista productivo, al instalarse una lógica de explotación de recursos naturales por parte de grandes empresas que han erosionado las condiciones de vida sustantivamente en la zona. Esta dimensión no se asoma en ninguna de las recomendaciones realizadas por el gobierno.

Una segunda dimensión es la autodeterminación. Si el Estado de Chile reconocerá a los pueblos indígenas, entonces deberá abrirse a aceptar mecanismos de autonomía en sus decisiones políticas y administrativas. ¿Qué modelo de autonomía se adoptará en este caso? Fuera del Consejo de los Pueblos Indígenas que aún está en etapa de formulación en el Congreso, muy poco de esta discusión se asoma en las propuestas de este y anteriores gobiernos.

Entonces, los anuncios del gobierno podrían contribuir a institucionalizar las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado; podrían en el largo plazo contribuir a resolver problemas agudos de pobreza; podrían permitir un reconocimiento cultural de los pueblos en sus tradiciones. Sin embargo, como el asunto territorial (y de la explotación de recursos naturales) y la cuestión de la autonomía no están en la agenda inmediata, difícilmente apagarán los incendios al sur del Biobío.”

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