09 / 05 / 2016
Una vez que estalló la crisis de la marea roja en Chiloé, dirigentes de la zona comenzaron a advertir el riesgo de que el conflicto escale hasta los niveles de las protestas de Aysén en el 2012. Las críticas coinciden: una tardía reacción de La Moneda.
Cerca del mediodía, llegaron hasta La Moneda dos autoridades de la Región de Los Lagos, con el objeto de abordar con el Ejecutivo posibles soluciones a la crisis de la marea roja que afecta, principalmente, a la zona de la Isla de Chiloé: el alcalde de Chonchi, Pedro Andrade, y su par de Calbuco, Rubén Cárdenas. Los acompañaban, además, los senadores Rabindranath Quinteros (PS) e Ignacio Walker (DC). En Palacio, los recibieron las dos máximas autoridades de la cartera de Interior; el ministro Jorge Burgos y el subsecretario Mahmud Aleuy.
Las demandas de los alcaldes y legisladores son de variado alcance. La más inmediata, que es la que se hace sentir con mayor fuerza por los pescadores chilotes, es elevar el monto del bono de 100 mil pesos por familia que propone el Ejecutivo. “Se va revisar, se va a evaluar”, señaló el edil de Chonchi. El senador Quinteros, además, propuso una serie de medidas que apuntan a proteger a las pymes de la zona.
El encuentro, sin embargo, tuvo un carácter preliminar. A las 16.00, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunió con los dirigentes de la zona en la ciudad de Puerto Montt, a fin de oficializar la primera propuesta del gobierno para las demandas sociales. No obstante las aprensiones iniciales de La Moneda, el Ejecutivo subió la oferta del bono hasta un primer pago de 300 mil pesos y un segundo de $ 150 mil. Pasada la medianoche, pese a la nueva propuesta, la negociación terminó sin llegar a buen puerto.
En la misma jornada, los dirigentes permitieron una apertura temporal de la zona de acceso a través del Canal de Chacao, lo que fue interpretado como una señal de acercamiento.
Mientras las conversaciones entre el Ejecutivo y los pescadores movilizados se desarrollaban, una sentencia comenzaba a tomar fuerza entre los dirigentes públicos de la zona: “No queremos un nuevo Aysén”.
Esto, pues en la memoria permanece el manejo que le dio el gobierno de Sebastián Piñera al movimiento social por Aysén en el 2012 en la que se acusó, según los críticos de entonces, una demora en ponderar el alcance de las protestas en la XI Región.
“Las lecciones que nos dejó lo que ocurrió en Aysén es que las soluciones a las demandas ciudadanas no deben dilatarse, sino que hay que abordarlas de inmediato”. Esta frase corresponde al ex subsecretario de Segpres, Claudio Alvarado, una de las autoridades de la pasada administración que afrontó al movimiento que lideraba el hoy diputado Iván Fuentes. Entre otras cosas, Alvarado sugiere disponibilidad de recursos y programas de empleo para los pescadores que, por el fenómeno natural, han visto paralizada su producción. “Lo que no puede pasar es dilatar la solución, porque lo que uno ve en las calles es que se está acumulando mucha rabia y eso hace que la radicalización no permita el diálogo”, agrega.
El presunto retardo en reaccionar tiene algunos antecedentes que revelan parlamentarios de la zona. El diputado PS, Fidel Espinoza, señala: “Esto se lo dije a todos los ministros. El 28 de abril le envié un mensaje al ministro Burgos sobre la gravedad de la crisis. Y aquí estamos”. “El gobierno no puede hablar de que esto se está recién viendo, dado que los pescadores artesanales de Quellón, que fueron los primeros afectados de la marea roja, le entregaron un petitorio al gobierno hace prácticamente dos meses, el cual no fue respondido antes de la movilización”, agrega el diputado RN Alejandro Santana.
El ex ministro Segpres de Piñera, Cristián Larroulet, enfatiza en la necesidad de alerta. “En el mundo de hoy, hay una sensación mucho más fuerte contra el centralismo, por eso hay que estar siempre alerta a este tipo de conflictos”, sostiene. Además, proyecta cambios en la institucionalidad regional. “Hay que pensar en fortalecer la descentralización, de tal manera que estos conflictos no escalen hasta el gobierno central, dándole los recursos a las autoridades regionales”, añade.
En este sentido, el académico de la UDP, Mauricio Morales, fija una oportunidad para acelerar una propuesta del gobierno. “Lo que está pasando en la isla también nos lleva a poner urgencia a la elección directa e los intendentes. Si tenemos una figura electa, la ciudadanía le hace rendir cuentas a esa figura. Desahoga al poder central y evita que el problema le reviente en la cara”, argumenta.
Otra de las críticas que se ha hecho al gobierno, es la ausencia de presencia política en las negociaciones, dejando en manos de un ministro sectorial como Céspedes, las negociaciones con los pescadores movilizados, algo que cuestiona el diputado por Aysén Iván Fuentes (ver entrevista).
“El gobierno debe allanarse y armar un diálogo rápido con ministros políticos con decisión para que no se llegue a los enfrentamientos con fuerzas especiales como ocurrió acá en la región en 2012”, previene el alcalde Coyahique, Alejandro Huala, uno de los dirigentes del Movimiento de Aysén en 2012.
“Dado que este es un problema también político, la presencia del ministro Céspedes no resuelve el problema de fondo. La gente necesita un interlocutor político para que las decisiones de Céspedes tengan suficiente respaldo. El ministro Burgos o el subsecretario Aleuy deberían estar ahí”, añade Mauricio Morales.