Los aprendices de brujo de la democracia

Gabriel Cid, El Mostrador

El Presidente ha anunciado su intención de formar un Museo de la Democracia. La idea, aunque sugerida durante 2017, cobró nuevos bríos a propósito de las polémicas declaraciones que sobre el Museo de la Memoria realizó el Ministro Rojas. En este sentido, es evidente que su anuncio es planteado como una estrategia de equilibrar políticamente los relatos sobre el pasado nacional, con un perverso afán de contextualización de la violación de los DD.HH. como si eso los hiciera comprensibles. El problema es más de fondo, porque se equipara un valor absoluto y universal -los DD.HH.- con un concepto político contingente y particular. La paradoja es que invocar el “contexto histórico” para el caso de los DD.HH., implica también llamarlo para iluminar la trayectoria de la democracia. Y esa es una apuesta riesgosa.

El problema es que lo para el gobierno clausuraría las controversias sobre el pasado por la apelación a un valor cohesinador como la democracia, pronto se revela como una estrategia de una ingenuidad sorprendete. Porque, irónicamente si se cree que un Museo de la Democracia cerrará el debate sobre las divisiones del pasado, un vistazo panorámico de la trayectoria del concepto devela que abrirá una arista incluso más polémica que la primera. Expulsar del debate a la “memoria” -parcial, subjetiva, testimonial- para dar paso a la “historia”- imparcial, objetiva, explicativa-, para sintetizar los aspectos que caracterizariían según el gobierno a cada una, estaría lejos de terminar la discusión. Peor: sería apagar el fuego con bencina.

Primero, porque a estas alturas de la discusión sería ignorar que todo concepto político es polisémico, esto es, que su significado es múltiple, históricamente contingente y, por lo mismo, siempre polémico. A la vista de las declaraciones del Presidente sobre la formación del nuevo Museo, es evidente que por los nombres que circulan en la comisión de “expertos” para formar su guión, hay un sesgo político en la definición misma de la democracia, lo que supone imponer un conjunto de valores a expensas de otros igualmente legítimos. Paradójicamente este no es el único problema. Porque si, por el contrario, se opta por una definición más estilizada y ambiciosa de los factores que debería poseer una democracia, se corre el riesgo evidente de no encontrarla nunca en la realidad, relegando el valor por antonomasia de las sociedades modernas a la condición de utopía. Un callejón sin salida.

En términos de definiciones, el asunto no queda ahí. Por sun condición polisémica, la democracia ha sido conceptualizada desde lugares disímiles, cada una defendiendo la creencia de que su propia definición es la correcta. Si se entiende la democracia como pluralismo, ¿se incluirá la Ley de Defensa de la Democracia en el guión? Si se la define como el imperdio de la ley y la alternancia en el poder ¿se expondrá el neologismo de Jaime Guzmán de “democracia protegida”? Si se le considera como el gobierno de las mayorías pero con respeto de las minorías, ¿se incluirá la definición de la “democracia popular” como “dictadura del proleteriado” usada por sectores tales como la Vanguardia Revolucionaria Marxista?

Finalmene, trazar una historia de la democracia en Chile no está exenta de problema. En primer lugar, todavía se duda si será un Museo de la Democracia desde sus orígenes o un Museo de la transición. En el primer caso, pronto se revelan los problemas prácticos: las primeras invocaciones a la democracia en el debate público del siglo XIX tienen una carga mayormente negativa, de recelos en el mejor de los casos, de rechazos abiertos en el peor. Si se parte de una definición excesivamente normativa de la misma -construida desde una mirada presentista- habría que dejar de lado todo un siglo de política de historia chilena porque no se adapta a los valores que supuestamente deberían estar presentes en una democracia: sufrafio universal, competencia, igualdad política, pluralismo, derechos civiles, etc. Si es un Museo de la transición, también esto suscita preguntas. La tentación de construir un relato edulcorado de la democracia es claro. Porque una cosa es retomar la épica autocomplaciente del plebiscito, y otra es reparar críticamente sobre las condiciones de posiblidad de la democracia de los 1990, atada constitucionalmente por el poder de los militares, de facto el pueblo soberano. Por último, ¿Cuándo se declara terminada la transición? ¡Con la muerte de Pinochet, a quien el mismo Presidente defendió en 1998 durante su reclusión en Londres con un eufórico discurso en las calles de Las Condes?

Son los riesgos de jugar a los aprendices de brujo con la democracia.

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