La demanda por autonomía y reconocimiento indígena

Claudio Fuentes, El Mostrador

A diferencia de lo que suele pensarse de que la recuperación de tierras es el interés prioritario de los pueblos indígenas, la última encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas revela que, ante la consulta a todos los encuestados sobre las políticas públicas que sería importante aplicar, las tres menciones más relevantes son Educación (81%), Empleo (73,3%) y Devolución de sus tierras (62,3%).

A partir de este año, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR) comenzó un estudio longitudinal (encuesta panel) que se replicará cada 18 meses. Se trata de una muestra representativa de indígenas/no indígenas aplicada en 120 comunas donde reside más de un 9% de población indígena. El terreno de esta primera ola se realizó entre octubre y diciembre de 2016 y considera 3.617 encuestados. El objetivo del estudio es conocer más sobre las relaciones interculturales y evolución de las mismas en el tiempo.

Algunos resultados llaman particularmente la atención. El primero se asocia con el tipo de políticas que, de acuerdo a los encuestados, sería pertinente para abordar la temática indígena. Cuando se consulta a todos los encuestados sobre las políticas públicas que sería importante aplicar (opción Bastante + mucho), las tres menciones más relevantes son Educación (81%), Empleo (73,3%) y Devolución de sus tierras (62,3%). Para los encuestados que se autoidentifican como indígenas el orden de preferencias es idéntico aunque con una mayor intensidad: Educación (87,5%), Empleo (81,6%) y Devolución de tierras (73,3%).

Mientras a nivel político se plantea la solución al conflicto entre el Estado chileno y los pueblos indígenas como un dilema de desarrollo vs. restitución, esto es, un dilema entre entregarles educación/empleo vs. devolverles tierras y autonomía, en la opinión pública –y en particular entre los propios indígenas– aparecen como objetivos compatibles y prioritarios casi al mismo tiempo. No parecería contradictorio, entonces, promover educación y empleo y devolver tierras.

En relación con las soluciones políticas, el 46,6% está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación que “debiese existir autonomía territorial indígena dentro del Estado chileno”,  el 50,8% considera que es bastante o muy importante “que puedan administrar autónomamente sus territorios”, el 59,6% está de acuerdo/muy de acuerdo con que “debiesen existir cupos especiales reservados para indígenas en el Congreso” y el 82,8% está de acuerdo/muy de acuerdo con “reconocer constitucionalmente a Chile como un país multicultural”. Entre aquellos que se autoidentifican como indígenas, los porcentajes de acuerdo con estas afirmaciones son  56,3%, 60,1%, 69,6% y 87,1%, respectivamente.

Es decir, aproximadamente la mitad de los encuestados manifiesta posiciones a favor de soluciones que aluden al empoderamiento político de los pueblos indígenas. Aquella visión es claramente mayoritaria entre los propios indígenas. Será interesante observar si, una vez que se apruebe el Consejo de Pueblos Indígenas y el Ministerio de Pueblos Indígenas, se intensificarán o no estas tendencias. Sin embargo, parece claro que el clima de opinión parece favorable al reconocimiento y aceptación de un mayor empoderamiento de los pueblos indígenas. El tema divide a los chilenos, aunque no a los que se consideran indígenas.

Otro de los resultados llamativos se refiere al nivel de conocimiento de los encuestados respecto de las políticas públicas asociadas a la temática indígena. Se consultó si conoce o ha escuchado hablar de una lista de políticas y los resultados son los siguientes (opciones bastante y mucho): un 21,7% conoce o ha escuchado sobre la Oficina Indígena Municipal, 18,5% de la Consulta Previa a Pueblos Indígenas, 17,8% de la Ley Indígena, y 17,4% del Ministerio de Asuntos Indígenas. Entre personas autoidentificadas como indígenas las cifras son 21,7%, 22,9%, 22,1% y 21,6%, respectivamente.

Pese a que en los dos últimos años se ha intensificado la cantidad de consultas previas bajo el Convenio 169, y pese a que se realizó una consulta específica sobre la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, el nivel de conocimiento –particularmente entre indígenas– de los principales instrumentos legales e institucionales creados o en formación, es bajo. Instancias esenciales para la implementación de políticas públicas locales, como la Oficina Indígena Municipal, reciben un bajo nivel de conocimiento. Y aunque debiésemos esperar mayor conocimiento de aquel espacio institucional en niveles socioeconómicos bajos, aquel no es el caso para esta muestra.

Observamos, de esta forma, una sociedad que prioriza soluciones clásicas de política pública combinada con la restitución de tierras. Cerca de la mitad de los encuestados favorece soluciones asociadas al reconocimiento de mayores niveles de autonomía política de los pueblos indígenas. Aquella tendencia es mayoritaria entre aquellos que se autoidentifican como indígenas.

Finalmente, se advierten bajísimos niveles de conocimiento de las políticas públicas e instancias institucionales asociadas al tema indígena. Ciertamente, la combinación de crecientes demandas y bajo conocimiento de las políticas públicas no favorece un mejor diálogo entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas.

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