Justicia Social

Ana María Stuven, El Mercurio

Señor Director:

Es un falso dilema aquel que se plantea entre seguridad ciudadana y penas de prisión para quienes delinquen. No existe evidencia de que el aumento de los índices de encarcelados repercuta positivamente sobre la disminución de la delincuencia. Las diferencias a que apunta en su cara de ayer el padre Vial, entre quienes defienden el otorgamiento de libertades condicionales y quienes cuestionan sus consecuencias, no hacen sino demostrar que no se está debatiendo el problema de fondo.

La delincuencia es un problema social, relacionado con la marginalidad, la pobreza y la falta de oportunidades. La Corporación Abriendo Puertas conoce a fondo la realidad al menos de las mujeres encarceladas. La gran mayoría de ellas proviene de situaciones de extrema vulnerabilidad social, familiar y económica. Han ingresado al mundo de la droga y permanecido también allí en los márgenes de una actividad que las usas, contamina y destruye. La mayoría también son madres que al ingresar en prisión abandonan sus hijos a una suerte que la ley protege muy precariamente, o nada.

El verdadero dilema obliga a discernir entre la justicia y el castigo. Una justicia que no es solo penal, sino también social. Una justicia que debe operar antes de que la cárcel sea una alternativa. Y que si lo es, desafíe a pensar no tanto si las personas deben o no salir en libertad condicional, sino cómo crear las condiciones para facilitar, primero, la “inserción” de quienes han estado siempre en los márgenes y, luego, la “reinserción” de quienes recuperan la libertad, la mayoría de las veces sin el apoyo de programas adecuados.

 

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