Informe UDP concluye que cambios a la Constitución no impactan el crecimiento y la inversión

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09 / 05 / 2016

Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.
Claudio Fuentes, director de la Escuela de Ciencia Política UDP.

Expansión del PIB y de la tasa de inversión fue mayor antes y después de las modificaciones en los países de la muestra, exceptuando Venezuela.

El proceso para cambiar la Constitución es una realidad y ya está en marcha. El gobierno ha convocado a los ciudadanos a participar en cabildos y encuentros autoconvocados para discutir eventuales cambios a la Carga Magna, con miras al envío de un proyecto de ley que deberá discutir el próximo Congreso.

Y uno de los principales debates en la materia ha girado en torno al impacto de la discusión constitucional en la economía, específicamente en las decisiones de inversión de los privados, en el contexto de una actividad que se ha desacelerado en los últimos dos años y cuyas perspectivas no parecieran mejorar para el mediano plazo.

La oposición y parte del sector privado advierten que el debate sobre las reglas del juego podría continuar afectando el crecimiento del PIB y la inversión, apuntando a la posibilidad de que se abra la discusión sobre el derecho de propiedad.

Sin embargo, la evidencia de otros países de la región que realizaron modificaciones a su Carta Magna pareciera invalidar dicha tesis. Así, por lo menos, lo establece un informe del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales (UDP), que analizó el impacto del debate en la inversión y el Producto en 11 países de la región desde 1988 a la fecha.

El informe evaluó los cambios a la Carta Magna realizados mediante una asamblea constituyente en Colombia (1991), Argentina (´94), Ecuador (´98), Venezuela (´99), Ecuador (´08) y Bolivia (´09), además de las modificaciones realizadas vía el Congreso u otros mecanismos por Brasil (1988), Paraguay (´92), Perú (´93), Bolivia (´94) y República Dominicana (´10).

La UDP analizó la tasa de crecimiento del Producto y la participación de la inversión en el PIB de dichos países en dos períodos: los tres años previos al cambio a la Carta Magna, y cinco años después de materializados los ajustes.

En materia de PIB, se concluyó que los países que cambian su Constitución observan mayores tasas de crecimiento los tres años pre modificación, al igual que en cinco años posteriores al reemplazo.

“Los 11 países que reemplazaron sus constituciones observaron una tasa de crecimiento de 4% en los tres años antes de verificarse el cambio, mientras América Latina en idénticos años creció un 3% como promedio”, recalca el informe.

¿Qué pasó después de las modificaciones? Las 11 naciones crecieron en promedio 3,6% los cinco años posteriores, mientras América Latina lo hizo a apenas el 2,8%, exceptuando Venezuela, que mostró un comportamiento “inusual” antes y después de su proceso constituyente.

Mientras que en términos de inversión, la situación es similar: la tasa de inversión se situó en 19,8% del PIB pre reforma a 21% del Producto a posteriori, mientras que el promedio de Latam fue 20,1% y 20%, respectivamente.

Según el estudio, los resultados no distan mucho si el cambio es vía asamblea constituyente o mediante otros mecanismos (ver infografía).

¿Qué factores inciden?

El informe recalca que “muy probablemente” tanto el crecimiento como la inversión responden a un “complejo set de variables”.

“Pero, al menos, no se puede afirmar que países que realizaron cambios constitucionales vieron seria y negativamente afectado tanto su crecimiento como sus inversiones ni antes ni después de realizado el cambio”, concluye el reporte.

Llevado a la realidad local, el Laboratorio Constitucional de la UDP recalca el debate que se ha generado sobre la “incertidumbre” que provoca el proceso constituyente en el sector privado, éste último anticipando una caída en el crecimiento y la inversión.

“Al menos, en otros países aquel pronóstico no se cumplió. Crecimiento económico e inversiones parecen depender de otras variables no relacionadas necesariamente con el cambio en las reglas del juego”, es una de las principales conclusiones del texto.

 

CLAUDIO FUENTES: “ES MUCHO MÁS RELEVANTE EL ESTADO DE LA ECONOMÍA GLOBAL”

– ¿Se ha exacerbado la idea de que la discusión constitucional está impactando la inversión?

– Lo que demuestra la evidencia de América Latina es que tanto la expectativa de cambiar la Constitución como el hecho de reemplazarla no han tenido en promedio un efecto negativo ni en el crecimiento económico ni en las inversiones. Seguramente son otros factores los que inciden en mayor o menor crecimiento, o mayor o menor inversiones. Probablemente, es muchísimo más relevante el estado de la economía global y la expansión o restricción de la economía en China.
Respondiendo a su pregunta, sí, creo que los actores chilenos ponen demasiada atención a la disputa política, cuando la experiencia muestra que el dinamismo de la economía depende significativamente de otros factores.
– ¿Es probable que una vez finalizada la discusión, pase en Chile lo que en otros países de la región en el pasado?

– No podemos decirlo. Lo que muestran las cifras es que podrían existir otros factores (diferentes al cambio de reglas) explicando el crecimiento económico y las inversiones. Observemos algunos ejemplos concretos.
En Colombia entre 1992 y 1996 crecieron las inversiones cuatro puntos más que el promedio latinoamericano. En Bolivia, en cambio, el rendimiento de inversiones fue un punto menor al del promedio una vez que establecieron su constituyente. En Ecuador, que hizo cambios radicales a las reglas del juego, su rendimiento post asamblea constituyente fue siete puntos sobre el promedio en los cinco años que siguieron.
– ¿Qué reflejan estas cifras?

– Que debemos ser cautos a la hora de hacer juicios de valor. Lo único que podemos decir es que no necesariamente un cambio de reglas del juego frena la economía o detiene las inversiones. Como promedio de América Latina aquello no ha sido el caso. Hay casos que tuvieron asambleas constituyentes y que les fue bien económicamente (Colombia, Bolivia, Ecuador). Hay otros que no les fue bien (Venezuela, Argentina).

Ver artículo aquí

Ver informe completo del Laboratorio Constitucional