Diálogos plurinacionales | Antonia Urrejola: “La principal preocupación es la criminalización de líderes y lideresas indígenas”

Laboratorio Constitucional, The Clinic

En esta entrevista, Antonia aborda el tema desde la experiencia en terrenos en los países que les corresponde observar. Uno de los temas que destaca es el proceso de criminalización de la defensa de los territorios frente a las industrias extractivas y agrarias, que ha conllevado la persecución y asesinato de líderes y lideresas indígenas y no indígenas a manos del Estado y en algunos países, de mano de milicias privadas.

La abogada Antonia Urrejola es, desde 2018, una de las relatoras de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos. Trabajando de manera específica, en temas como derechos de pueblos indígenas y justicia y memoria en el marco de violaciones a los derechos humanos para países como Brasil, Jamaica, Trinidad y Tobago, Uruguay, Cuba y Nicaragua.

En esta entrevista, Antonia aborda el tema desde la experiencia en terrenos en los países que les corresponde observar. Uno de los temas que destaca es el proceso de criminalización de la defensa de los territorios frente a las industrias extractivas y agrarias, que ha conllevado la persecución y asesinato de líderes y lideresas indígenas y no indígenas a manos del Estado y en algunos países, de mano de milicias privadas.

Sostiene que la defensa de derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios –o por la recuperación de estos- se ha convertido en un tema preocupante para los organismos internacionales de DD.HH, ya que marca el inicio de un tipo de relación tanto del Estado como de la sociedad civil hacia los indígenas, que no solo no responde a los estándares internacionales de DD.HH, sino que también es extrapolada a situaciones sistemáticas de violencia y falta de pertinencia cultural de las políticas públicas, como es el caso, por ejemplo, de Brasil, donde niños guaraní son separados de sus familia y comunidades por encontrarse en situaciones de pobreza, estigmatizando la pobreza indígena como una práctica política.

Pese a la relevancia de la experiencia de Antonia como relatora, ella reconoce que los alcances de su labor al interior del comisionado es denunciar y visibilizar internacionalmente, además de establecer recomendaciones a los Estados sobre las situaciones de violación de DD.HH. En este sentido, el comisionado no puede obligar a los Estados a aceptar e implementar las recomendaciones de DD.HH realizadas por el Comisionado, pero, tal como plantea Antonia, las denuncias realizadas a través de este sistema de protección, activan una red de visibilización internacional de la violación de DD.HH en la región, dando origen al compromisos de los estados, construcción de redes de trabajo entre países y también, la participación activa de otros organismos internacionales en la resolución de dichas problemáticas.

El comisionado, lejos de convertirse en un órgano exclusivamente delator de malas prácticas y violaciones a los DD.HH individuales y colectivos, es también un ente que genera conciencia, a través de la visibilización de ejemplos, de buenas prácticas estatales de protección, promoción y respeto de los DD.HH al interior de las fronteras estatales.

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