Consultas ciudadanas disfrazadas de proceso constituyente

Patricio Navia, El Líbero

Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.

A menos que la ciudadanía se exprese democráticamente en un plebiscito a favor de iniciar un proceso constituyente, cualquier intento por parte del gobierno o del Congreso para dar partida a un proceso constituyente estará viciado. Porque el poder constituyente reside en el pueblo, el pueblo debe primero dar su autorización antes de que el gobierno inicie esfuerzos para remplazar la constitución de 1980.

En la campaña presidencial de 2013, la Presidenta Bachelet se comprometió a impulsar una nueva constitución. Pero Bachelet nunca aclaró en su campaña cuál sería el mecanismo que utilizaría para alcanzar ese objetivo. Es más, Bachelet fue especialmente ambigua precisamente porque no había consenso en su coalición respecto a cuál debía ser el camino a seguir. Mientras algunos abogaban por una asamblea constituyente, otros preferían modificar la constitución actual. De ahí que no es válido sugerir que, porque Bachelet tuvo una mayoría en segunda vuelta, el proceso de consultas ciudadanas que se ha iniciado haya sido legitimado por el electorado.

Como Bachelet quería impulsar un proceso constituyente, el gobierno buscó una forma de hacerlo que no violara la institucionalidad. Ya que el orden constitucional actual otorga al Congreso el poder para cambiar la Constitución, el gobierno optó por un camino ambiguo que incorpora un elemento participativo y que resultará en un documento titulado “bases ciudadanas para la nueva constitución”. Ese documento será entregado al gobierno para que éste pueda producir un proyecto de nueva constitución que será sometido a consideración del Congreso.

Aunque algunos creen que el componente participativo constituye una señal positiva en sí misma, la forma idealizada en que el gobierno entiende la participación ciudadana refleja un voluntarismo infantil o bien esconde una mala intención evidente.

El que haya ciudadanos que se sienten a conversar no significa que habrá consensos sobre los valores y principios que debe incluir esa nueva constitución. Por ejemplo, bien pudiera ser que una mayoría de las personas quieran reducir el número de parlamentarios, pero eso no significa que todos vayan a pensar lo mismo. Como el mandato del proceso participativo es que se registren los acuerdos, los acuerdos parciales y los desacuerdos, el mecanismo no tiene capacidad resolutiva. Ya que el proceso no contempla un mecanismo para la resolución de diferencias, los cabildos no debieran ser sino una confirmación que no todos pensamos lo mismo sobre el tipo de país que queremos tener.

Ahora bien, como el proceso constituyente del gobierno parte de la premisa que va a haber una nueva constitución, el sesgo de la iniciativa probablemente induzca a ausentarse a aquellos que quieren mantener la constitución actual. Aunque los cabildos sean abiertos a toda la ciudadanía, sus resultados no tienen por qué ser representativos de la ciudadanía. La opinión del cabildo solo será representativa de los que participen. Además, como bien pudiera ser que los cabildos discutan cosas distintas, la mayoría de las conclusiones a nivel nacional serán acuerdos parciales o desacuerdos. Con todo, el gobierno espera producir un documento final que resuma el contenido de esos cabildos. Ese documento servirá de base para una propuesta de constitución que elaborará el propio gobierno.

No hay forma ni de asegurar que las conclusiones de los cabildos sean representativas de lo que quieren los chilenos. Tampoco hay forma de cerciorarse de que el informe final sea representativo de lo que se haya discutido en los cabildos. Como no hay mecanismos de resolución de conflictos —ni quedan estipuladas si los acuerdos deben ser por unanimidad, mayoría simple o mayorías calificadas—, no hay forma de asegurar que la voluntad de la mayoría de los participantes en los cabildos se vea reflejada en el texto final. Finalmente, no hay ninguna forma de asegurarse que la propuesta de constitución que emane del gobierno refleje la voluntad de los participantes en los cabildos (mucho menos que refleje la voluntad de la ciudadanía en general).

Después del proceso participativo, el gobierno deberá presentar su proyecto de ley de nueva constitución que deberá superar las mismas barreras de mayorías calificadas que existen actualmente para que pueda ser promulgado.

El proceso constituyente que ha iniciado el gobierno en realidad es un proceso consultivo a la ciudadanía que, no obstante, no tendrá poder resolutivo. El proceso no establece mecanismos para solucionar diferencias. Voluntaristamente, se basa en la esperanza de que habrá consensos. Además, la iniciativa supone que existe un consenso nacional sobre la necesidad de una nueva constitución.

Si realmente estuviera comprometido con promover un proceso constituyente, el gobierno debiera haber comenzado por el principio, promoviendo un plebiscito que permitiera a los chilenos decidir si quieren o no una nueva constitución.

Ver columna aquí