Asesinato de Catrillanca: inversión contra la violencia o inversión para la violencia

Camila Peralta y Juan Esteban Fernández, El Dínamo

Corría el 11 de marzo del presente año cuando el recién asumido Presidente Sebastián Piñera anunciaba en su discurso inaugural de gobierno el plan por la “Paz en la Araucanía”. Su propuesta – constituida por 4 puntos: (1) Institucionalidad, (2) Desarrollo Económico, (3) Promoción de la Cultura y (4) Desarrollo y Paz en la Araucanía- fue ampliamente rechazada por diversos sectores políticos y sociales, en la medida que suponía –y reproducía- una concepción del conflicto entre Estado y Pueblo Mapuche como un problema de desarrollo, que entre sus principales aristas incluía la pobreza, delincuencia y lo que hace años se define como “terrorismo”. Todos estos focos – desde la mirada del gobierno – son claros desincentivos para la inversión en la región, por lo que deben ser combatidos con dos fuerzas externas: la inversión y la violencia – y esta vez, la inversión en violencia –. Así es como sale a la luz la propuesta específica: “Plan Impulso Araucanía”, programa a cargo del Ministro Moreno, que generaba (y genera) un rechazo particular en la ciudadanía en la medida que funciona – nuevamente – bajo la premisa de que “la violencia termina con la violencia”.

Siguiendo esta línea, el pasado 28 de junio, en una publicitada gira por La Araucanía, Piñera presenta con bombos y platillos un comando especial de GOPE que tiene por finalidad combatir la “violencia en la zona”. Tal como previmos hace unos meses, hoy aquella unidad especializada, conocida como “Comando Jungla”, está en el centro de la polémica por su expresa responsabilidad en la muerte del comunero Mapuche Camilo Catrillanca, asesinado por Carabineros con dos disparos: uno en la nuca y otro en la espalda, mientras – acompañado de un menor de edad – manejaba su tractor en las inmediaciones de la comunidad mapuche de Temucuicui. Las versiones oficiales plantean que Camilo fue asesinado en medio de un operativo de Carabineros, como parte de una persecución motivada por el robo de autos a 3 profesoras del colegio Santa Rosa de la comunidad Ancapi Ñancucheo en la comuna de Ercilla.

Una vez ocurrido este lamentable suceso las reacciones no se hicieron esperar. El Intendente Mayol salió a defender el actuar de Carabineros asegurando, entre otras cosas, que Catrillanca “tenía antecedentes por receptación de vehículos” – situación desmentida por rápidamente por la diputada Jiles [FA] quien publicó el “papel de antecedentes” del joven asesinado – y que estos “son actos de delincuencia común”, que como sabemos, no son parte de las responsabilidades del comando en cuestión. Por su parte, el Ministro Chadwick se tomó su tiempo y luego de varias horas salió a lamentar públicamente el suceso pero asegurando que estos “son hechos que tuvieron su origen en un delito común y no tiene que ver con el conflicto mapuche”. Por último, el presidente Piñera no se quedó atrás, y tras lamentar el asesinato aseguró en twitter que “ratificamos el deber de Carabineros de perseguir delitos y su derecho a defenderse cuando son atacados”.

Frente a este tipo de declaraciones, nos preguntamos ¿olvida el gobierno que el Comando Jungla, responsable del asesinato de Catrillanca, es una unidad especializada para el combate del supuesto “terrorismo mapuche”?

Este asesinato no se puede, bajo ningún punto de vista, disociar del contexto socio-político de la región. En este sentido, la defensa explicita e irresponsable que el gobierno hace del orden y seguridad pública, y de Carabineros como garante de aquello, oscurece cualquier condolencia por el asesinato de Camilo, toda vez que explícitamente es justificado como parte de un hecho delictivo, que, además, aún no es investigado debidamente. Más aun, estas declaraciones suponen una irresponsabilidad política de envergadura mayor tomando en cuenta los últimos antecedentes del suceso: las cintas de grabación del operativo en cuestión fueron borradas deliberadamente por estos “garantes del orden” que Piñera y los suyos tan fervientemente defendieron –y defienden-.

Pese a lo anterior, es urgente recordar que estos argumentos ya fueron usados en otras muertes de mapuche, en otros años y en otros gobiernos, lo que hace que hoy sea aun más inadmisible la justificación que tanto Chadwick, como Mayol y Piñera hacen del asesinato de Camilo. No podemos olvidar que a Catrillanca lo mataron por ser mapuche en un territorio mapuche, contexto específico que permite la ausencia de la ley. Historia nada nueva si pensamos que el joven comunero se une a la larga y triste lista de mapuche asesinados en democracia en manos de Carabineros: Alex Lemún, Juan Collihuin, Johnny Cariqueo, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío, Rodrigo Malinao, José Quintriqueo y el hasta ahora desaparecido José Huenante, sin contar muertes que aún no podemos explicar como la de “La Negra”, Macarena Valdés.

En definitiva, y con lo acontecido estos días, es el propio gobierno quien se encarga de destruir el avance propuesto por el Ministro Alfredo Moreno y da cuenta de una clara incoherencia entre las propuestas del gobierno: por un lado, la paz y el diálogo y por otro lado, el la violencia y la muerte. Esta demostración de la primacía de la violencia por sobre el diálogo, vacía de contenido y sentido la experiencia de confianza que algunos representantes mapuche se arriesgaron a demostrar públicamente con un gobierno de derecha. La clara decepción que este suceso supone viene a reafirmar el fracaso del “Acuerdo por la Paz en la Araucanía”, que pese a los espacios de diálogo re-instaló la paz armada en la región, que tal como fue advertido desde un principio, estuvo siempre destinado a intensificar la violencia en el territorio.

Los actos de quienes nos gobiernan dejan a la luz la necesidad urgente de esclarecer los hechos ocurridos con Camilo Catrillanca. Esto supone buscar responsables y condenar a quienes corresponda. Con los antecedentes que se han recabado hasta el momento, creemos que es insuficiente dar de baja a los 6 carabineros involucrados en la destrucción del video del operativo, acá hay responsabilidades políticas e incluso penales y las sanciones deben ir acorde a la situación y al respeto de los DDHH. Sacar de servicio al Comando Jungla se hace necesario como primer punto para reiniciar el diálogo, esta vez basado no sólo en temas económicos – como ha sido la tónica –, sino que poniendo sobre la mesa el debate sobre los derechos políticos de los pueblos indígenas que habitan el territorio, pero instalando además las urgentes y necesarias medidas reparatorias que compensarán los más de 200 años de violencia ejercida desde el Estado de Chile hacia los pueblos indígenas del territorio. La exclusión no solo ha significado la muerte de muchos y muchas a lo largo de la historia, sino que también ha derivado en procesos de migración campo ciudad, situaciones de pobreza, la pérdida cultural y sobre todo, la asimetría de derechos entre chilenos e indígenas hasta la actualidad.

Por todo lo anterior, y dada la inoperancia del gobierno en este tema, se hace absolutamente necesaria la renuncia inmediata del Intendente Mayol y del Ministro del Interior Andrés Chadwick, cuya irresponsabilidad en los actos y dichos sobre la muerte de Catrillanca, además de la inoperancia en el manejo del Comando Jungla, han permitido una escalada en los actos de violencia perpetrados por Carabineros,incluyendo las conmemoraciones pacíficas como el cortejo fúnebre, el funeral y las diversas manifestaciones de solidaridad a lo largo del país. Son estos hechos los que, creemos, hacen insostenible su continuidad en cargos de tal envergadura.

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